Las Expropiaciones y la Oposición

La expropiación es uno de los actos más violentos que realiza el Estado contra los ciudadanos. Lamentablemente, una persona que no ha sufrido en carne propia una expropiación no es capaz de comprender la sensación de indefensión y de ultraje que siente el propietario de un bien expropiado. Por ello, no existe conciencia alguna en nuestra sociedad sobre los peligros de esa institución.

En teoría, la expropiación se justifica porque se sacrifica el interés privado del propietario por el interés general de la sociedad. En la realidad, se extingue el legítimo derecho de propiedad de un ciudadano para ejecutar el proyecto unilateral de un determinado funcionario, el cual lo sufragará con los impuestos que han pagado todos los ciudadanos, incluyendo al propietario sacrificado.

Teóricamente, las expropiaciones sólo deben efectuarse por razones de utilidad pública. La verdad es que los funcionarios públicos pueden calificar como de utilidad pública prácticamente cualquier cosa y los tribunales jamás se atreverán a cuestionar esa calificación.

Las leyes señalan que el propietario del bien expropiado debe recibir una justa indemnización. En la práctica, si se niega a aceptar la exigua oferta que le haga inicialmente el Estado, el propietario deberá enfrentar un prolongadísimo juicio antes de cobrar la indemnización correspondiente, la cual no tendrá mucho de justa ya que será tardía y seguramente insuficiente ya que los funcionarios judiciales siempre trabajarán para rebajar la indemnización que debe recibir el “codicioso” propietario. Además, en la mayoría de los casos, el Estado se las ingeniará para tomar posesión del bien expropiado mucho antes de que termine el juicio de expropiación y de que se pague la insuficiente indemnización señalada por el tribunal.

En resumen, la expropiación no es más que el ejercicio desnudo y abusivo del monopolio institucional de la violencia por parte del Estado contra el legítimo propietario de un bien.

En una sociedad donde la libertad es el valor fundamental no es legítimo arrebatarle la propiedad de un bien a ciudadano alguno. Si un funcionario desea adquirir un bien privado con el dinero de los contribuyentes, lo correcto es que haga una oferta suficientemente atractiva a su propietario para convencerlo de que lo venda al Estado. Y no me vengan a decir que el propietario va a asumir una actitud irracional exigiendo un precio exorbitante que no puede ser asumido por el Estado. En primer lugar, porque eso es asumir la mala fe del propietario. En segundo lugar, porque por muy “codicioso” que les pueda parecer a algunos el propietario, el Estado siempre se las ingenia para encontrar recursos para ejecutar los proyectos más caprichosos del gobernante de turno. Al fin y al cabo, si se recurre a nuevos impuestos, al endeudamiento y a la inflación para complacer los caprichosos de ese gobernante ¿Por qué no se recurre a esos medios para pagar el precio exigido por el legítimo propietario de un bien?

Ahora bien, tenemos que admitir que es utópico que la institución de la expropiación sea eliminada de nuestro ordenamiento jurídico en el mediano plazo. No obstante, si podemos aspirar a que los gobernantes la usen con prudencia y discreción. Así, por ejemplo, sería deseable que las expropiaciones no se anuncien públicamente como si se tratara de sabias decisiones que deben ser aplaudidas por los ciudadanos. Asimismo, sólo se debería recurrir a la expropiación cuando se haya agotado total y absolutamente la posibilidad de una compraventa normal. Por último, sólo debería utilizarse la expropiación cuando exista un consenso entre los ciudadanos sobre la conveniencia del proyecto que el gobernante de turno desea ejecutar.

Evidentemente, sería tonto esperar que estas recomendaciones sean seguidas por funcionarios del PSUV. Al fin y al cabo son militantes de una revolución socialista que no tienen una especial deferencia por la propiedad privada. Nos puede desagradar su actitud, pero al menos son coherentes.

No obstante, si tenemos derecho a esperar que los gobernantes regionales y locales de la oposición sigan estas recomendaciones. Si son opositores deben tratar de diferenciarse del gobierno, sobre todo cuando se trata del respeto a derechos fundamentales como el derecho de propiedad. De otra forma, serán oposición pero jamás una alternativa de poder.

Recientemente leí que un funcionario recién electo de un partido de oposición anunció que expropiaría un terreno para construir una determinada obra para el beneficio colectivo. Debido a que asumió sus funciones en diciembre, es evidente que no hizo el mayor de los esfuerzos para adquirir amigablemente el terreno. Por otra parte, hizo un anuncio público, lo cual tiene ciertas semejanzas con los anuncios que hacen los funcionarios del PSUV. En conclusión, no mostró particular deferencia hacia el legítimo derecho del propietario del estacionamiento.

Es difícil abandonar viejos esquemas, pero si se quiere ser no sólo oposición sino también alternativa de gobierno más allá del corto plazo, vale la pena intentarlo.



Javier Padrón Aguirre