El empresario exitoso normalmente sufre un profundo complejo de culpa. Siente que su éxito es ofensivo cuando existen millones de personas que viven en la pobreza. Siente que no ha hecho lo suficiente para contribuir a mejorar el bienestar de la sociedad. Sufre las recriminaciones de dirigentes políticos, sindicales y sociales que lo responsabilizan de la pobreza de muchos de sus conciudadanos.
Me resulta muy difícil entender la supuesta responsabilidad o culpa del empresario exitoso en relación a los males de la sociedad. Cuando pienso en las recriminaciones que reciben esos empresarios, siempre pienso en el portugués del abasto. Satisface eficientemente las necesidades de sus clientes, crea decenas de empleos directos e indirectos, paga más del treinta por ciento de sus ganancias al Estado mediante el impuesto sobre la renta, sirve como agente de recolección de otros impuestos para el Estado y soporta estoicamente el acoso del SENIAT, el INDECU y muchas otras agencias gubernamentales. ¿Qué más le podemos pedir?
Por eso me pregunto ¿De qué es culpable el portugués del abasto? ¿Qué más tiene que aportar a la sociedad venezolana? ¿Quién aporta más a nuestro país? ¿Nuestro amigo el portugués o los funcionarios públicos? ¿Nuestro amigo el portugués o el dirigente sindical? ¿Nuestro amigo el portugués o el Presidente del Consejo Comunal? Para mí la respuesta es muy clara. Ninguno de los que vocifera contra el portugués del abasto puede compararse con nuestro amigo.
Entonces ¿Por qué se le exige una responsabilidad social al portugués y a todos los empresarios exitosos? Ciertamente muchos empresarios exitosos van mucho más allá ya que hacen cuantiosas donaciones a instituciones benéficas. No obstante, nadie tiene derecho alguno a exigírselas ya que su contribución social mediante su actividad empresarial, en el sentido más estricto, supera a la que realiza cualquiera de los habituales críticos del empresariado.
En efecto, si existe un Estado Social que cobra altos impuestos a los empresarios y que tiene como deber garantizar el bienestar de los más necesitados ¿Por qué el portugués tiene que compartir las responsabilidades de los funcionarios públicos? ¿Por qué los gobernantes de turno tienen que usar a los empresarios exitosos como chivos expiatorios de su ineptitud? Al fin y al cabo, los funcionarios públicos no crean riqueza alguna, sino que se limitan a tratar de administrar los impuestos que cobran a todos los ciudadanos. Si esos funcionarios son incompetentes, que asuman su responsabilidad y que dejen tranquilo al lusitano. Si no son capaces de cumplir sus promesas, por lo menos que no destruyan el abasto del portugués.
Ante ataques tan feroces, las empresas han asumido que tienen una responsabilidad social que las obliga a gastar parte de sus recursos en proyectos para el supuesto bienestar colectivo. Aunque esa iniciativa sea moralmente loable, tiene funestas consecuencias económicas y sociales. En efecto, el único objeto de una empresa debe ser la maximización de las utilidades para sus accionistas. Si alguien tiene alguna duda que consulte la legislación comercial y los estatutos de cualquier sociedad mercantil. Si se disminuyen las utilidades de los accionistas al desviar recursos para el cumplimiento de los llamados proyectos de responsabilidad social, se atenta contra la fortaleza y crecimiento de la empresa lo cual perjudica todos los beneficios sociales que naturalmente genera la auténtica actividad empresarial.
Si los accionistas deciden donar la totalidad de los dividendos que reciben de la empresa, ello no sólo es moralmente elogiable sino que además no interfiere en el funcionamiento normal de la empresa. Además, no se refuerza la falaz idea de que la empresa tiene una responsabilidad social diferente que el cumplimiento de sus obligaciones legales.
Lamentablemente, los ataques contra la empresa privada son tan feroces que las contribuciones a proyectos de responsabilidad social empresarial pueden terminar convirtiéndose en una inversión en materia de relaciones públicas e imagen corporativa para muchas empresas. No obstante, por mucho que inviertan en esos proyectos, jamás lograrán apaciguar a los críticos de la empresa privada. En efecto, esos críticos se alimentan de la envidia y de un discurso anticapitalista que no se puede apaciguar con paños calientes.
Cuando el Presidente Chávez anuncia la nacionalización de una empresa, poco importa el dinero que esa empresa haya invertido en responsabilidad social empresarial. Los enemigos del capitalismo siempre creerán que una empresa generará mayores beneficios sociales en manos del Estado. Y por otra parte, jamás he visto a los beneficiarios de esos proyectos de responsabilidad social empresarial salir a defender a una empresa privada ante una nacionalización.
¿El portugués del abasto de su barrio no invierte en responsabilidad social? Bueno, la verdad siempre he creído que ellos son el modelo de empresario que debemos seguir. Así, como son tan naturalmente inteligentes, no hacen el papel de tontos útiles gastando dinero en proyectos que la mayoría no agradece.
Javier Padrón Aguirre
domingo, 18 de enero de 2009
miércoles, 14 de enero de 2009
El Pensamiento Económico de Un Nuevo Tiempo
UNT es el principal partido político de oposición. Así, debería ser la principal alternativa de gobierno. Por ello, es necesario comentar algunas de las ideas económicas contiene el documento “Declaración de Principios Ideológicos y Programáticos de Un Nuevo Tiempo” para ver si realmente ofrecen un cambio profundo en materia económica con respecto al gobierno de Chávez.
1. “los demócratas sociales proponemos la creación de una estructura económica mixta que combine el funcionamiento del mercado con políticas de planificación y regulación democrática"
Afortunadamente UNT lo dice muy claramente. Apoyan una economía mixta. En otras palabras, en un gobierno de UNT el Estado seguiría siendo empresario. Por otra parte, la planificación y regulación de la actividad económica privada será un elemento fundamental de ese gobierno. Así, los espacios que se dejen a la iniciativa privada siempre estarán bajo la estricta vigilancia de un burócrata del Ministerio de Planificación y de un regulador implacable, quizás como el Presidente del INDEPABIS.
2. “El control directo del sector público democrático se aplicará solo a las áreas estratégicas de la economía como la petrolera y minera, en tanto que los otros sectores de la economía se desarrollarán indistintamente por el sector público o por el privado, dentro de un marco de respeto a la propiedad privada, y dentro de una política general de desarrollo integral sustentable”
UNT afirma que controlaría en forma directa las áreas estratégicas tales como la petrolera y minera. ¿Es que existen otras áreas que consideran estratégicas? ¿Por qué no las señalan? ¿Será que dependen de la discrecionalidad del gobernante de turno? ¿Dónde hemos visto eso antes? Asimismo nos preguntamos ¿El control directo representa exclusión o en su defecto minimización de la iniciativa privada?
Por otra parte, afirman que los sectores no estratégicos quedan a cargo tanto del sector público como del sector privado. En otras palabras, no sólo el Estado será un empresario monopólico u oligopólico en ese difuso y amplio sector estratégico, sino que también será empresario en los otros sectores de la economía, compitiendo así en forma desleal y abusiva con el disminuido sector privado nacional.
Finalmente, hablan de desarrollo integral sustentable. Hermosas palabras que por difusas son infinitamente peligrosas, porque sólo sirven para amenazar a la iniciativa privada cuando el funcionario de turno no la considere integral o sustentable.
3. “Debemos prepararnos para una etapa post-capitalista”
Ahora resulta que los amigos de UNT son profetas de la muerte de la economía de mercado. Anuncian la llegada de un nuevo sistema económico. ¿Les suena familiar? ¿Conocen a alguien más en Venezuela que haya profetizado el fin del capitalismo? ¿Cómo se llamará el sistema económico post-capitalista? ¿Socialismo del Siglo XXI? ¿Hablan en serio o se trata de la sección de humor de UNT?
4. “La Democracia Social requiere que la actividad económica tenga por finalidad la satisfacción de las necesidades humanas, antes que la maximización de ganancias privadas ó estatales”
Nos encontramos ante la típica letanía propia de una mentalidad anticapitalista. ¿Conocen algún empresario legítimo que obtenga ganancias sin satisfacer necesidades humanas? Cuando el portugués de la panadería obtiene ganancias lo hace porque satisface las necesidades de sus clientes. En otras palabras, la obtención de ganancias por parte de un empresario es la consecuencia de satisfacer adecuadamente las necesidades de los consumidores. Sólo en el Gobierno podemos encontrar personas que se enriquecen sin satisfacer necesidad humana alguna.
5. “Por consenso democrático, se adoptarán políticas de desarrollo científico, tecnológico e industrial que generen puestos de trabajo y un ascendente nivel de bienestar”
Ni los gobernantes de turno, ni comisiones tripartitas, ni encuentros de dirigentes políticos y sociales son capaces de identificar los sectores económicos que generarán la mayor cantidad de empleos y bienestar para la población. Asimismo, tampoco son capaces de señalar en qué forma se debe invertir el capital nacional para tales fines. Sólo el auténtico empresario es capaz de calcular y asumir riesgos. El Estado no ha generado ni generará bienestar, les guste o no a los gobernantes de turno. Por otra parte, si un empresario no comparte el sabio diagnóstico del consenso democrático ¿Lo obligarán a invertir su capital en contra de su voluntad en los sectores de la economía que el consenso democrático haya decidido?
6. “Nuestra riqueza petrolera debe ser gerenciada sin desviaciones políticas y los ingresos que de ella se obtengan deben orientarse a la inversión pública nacional que apoye la producción de bienes y servicios en Venezuela, y la generación de empleo estable”
UNT señala que los ingresos petroleros deben orientarse a la inversión pública. Para decirlo claramente, el dinero del petróleo debe traducirse en gasto público para ejecutar los proyectos del gobernante de turno. ¿Alguna semejanza con la realidad actual? ¿Dónde quedó el espíritu de la propuesta de Manuel Rosales de entregarle parte de la riqueza petrolera a los ciudadanos? ¿Por qué siguen creyendo que los gobernantes de turno tienen mejor criterio para invertir ese dinero que los ciudadanos? En este aspecto, fracasaron los adecos, los copeyanos, los convergentes y los chavistas. ¿Necesitamos otro fracaso esta vez a cargo de UNT?
7. “Creemos que el alto costo de la vida y el desabastecimiento se combaten de manera definitiva apoyando a nuestros productores para que incrementen la cantidad de alimentos y de bienes venezolanos”
En estos tiempos no hace falta ser economista para saber que la inflación es un fenómeno monetario y que el Estado a través de la creación excesiva de dinero es el único responsable de la inflación. Al parecer quien escribió esto pertenece a Un Nuevo Tiempo, pero no es un individuo de estos tiempos.
Existen otras expresiones anticapitalistas propias de quienes desprecian a la economía de mercado en el documento de UNT. No son más que repeticiones de ideas de personas que jamás han asumido un riesgo empresarial. No obstante, no vale la pena exponerlas todas. Con las ideas transcritas, se evidencia que un gobierno de UNT, si sigue esas ideas, estaría muy lejos de promover la iniciativa privada y de trabajar para consolidar una economía de mercado. Si bien el carácter democrático de UNT lo aleja del chavismo, sus ideas en materia económica recuerdan a las experiencias menos felices de la mal llamada IV República.
Javier Padrón Aguirre
1. “los demócratas sociales proponemos la creación de una estructura económica mixta que combine el funcionamiento del mercado con políticas de planificación y regulación democrática"
Afortunadamente UNT lo dice muy claramente. Apoyan una economía mixta. En otras palabras, en un gobierno de UNT el Estado seguiría siendo empresario. Por otra parte, la planificación y regulación de la actividad económica privada será un elemento fundamental de ese gobierno. Así, los espacios que se dejen a la iniciativa privada siempre estarán bajo la estricta vigilancia de un burócrata del Ministerio de Planificación y de un regulador implacable, quizás como el Presidente del INDEPABIS.
2. “El control directo del sector público democrático se aplicará solo a las áreas estratégicas de la economía como la petrolera y minera, en tanto que los otros sectores de la economía se desarrollarán indistintamente por el sector público o por el privado, dentro de un marco de respeto a la propiedad privada, y dentro de una política general de desarrollo integral sustentable”
UNT afirma que controlaría en forma directa las áreas estratégicas tales como la petrolera y minera. ¿Es que existen otras áreas que consideran estratégicas? ¿Por qué no las señalan? ¿Será que dependen de la discrecionalidad del gobernante de turno? ¿Dónde hemos visto eso antes? Asimismo nos preguntamos ¿El control directo representa exclusión o en su defecto minimización de la iniciativa privada?
Por otra parte, afirman que los sectores no estratégicos quedan a cargo tanto del sector público como del sector privado. En otras palabras, no sólo el Estado será un empresario monopólico u oligopólico en ese difuso y amplio sector estratégico, sino que también será empresario en los otros sectores de la economía, compitiendo así en forma desleal y abusiva con el disminuido sector privado nacional.
Finalmente, hablan de desarrollo integral sustentable. Hermosas palabras que por difusas son infinitamente peligrosas, porque sólo sirven para amenazar a la iniciativa privada cuando el funcionario de turno no la considere integral o sustentable.
3. “Debemos prepararnos para una etapa post-capitalista”
Ahora resulta que los amigos de UNT son profetas de la muerte de la economía de mercado. Anuncian la llegada de un nuevo sistema económico. ¿Les suena familiar? ¿Conocen a alguien más en Venezuela que haya profetizado el fin del capitalismo? ¿Cómo se llamará el sistema económico post-capitalista? ¿Socialismo del Siglo XXI? ¿Hablan en serio o se trata de la sección de humor de UNT?
4. “La Democracia Social requiere que la actividad económica tenga por finalidad la satisfacción de las necesidades humanas, antes que la maximización de ganancias privadas ó estatales”
Nos encontramos ante la típica letanía propia de una mentalidad anticapitalista. ¿Conocen algún empresario legítimo que obtenga ganancias sin satisfacer necesidades humanas? Cuando el portugués de la panadería obtiene ganancias lo hace porque satisface las necesidades de sus clientes. En otras palabras, la obtención de ganancias por parte de un empresario es la consecuencia de satisfacer adecuadamente las necesidades de los consumidores. Sólo en el Gobierno podemos encontrar personas que se enriquecen sin satisfacer necesidad humana alguna.
5. “Por consenso democrático, se adoptarán políticas de desarrollo científico, tecnológico e industrial que generen puestos de trabajo y un ascendente nivel de bienestar”
Ni los gobernantes de turno, ni comisiones tripartitas, ni encuentros de dirigentes políticos y sociales son capaces de identificar los sectores económicos que generarán la mayor cantidad de empleos y bienestar para la población. Asimismo, tampoco son capaces de señalar en qué forma se debe invertir el capital nacional para tales fines. Sólo el auténtico empresario es capaz de calcular y asumir riesgos. El Estado no ha generado ni generará bienestar, les guste o no a los gobernantes de turno. Por otra parte, si un empresario no comparte el sabio diagnóstico del consenso democrático ¿Lo obligarán a invertir su capital en contra de su voluntad en los sectores de la economía que el consenso democrático haya decidido?
6. “Nuestra riqueza petrolera debe ser gerenciada sin desviaciones políticas y los ingresos que de ella se obtengan deben orientarse a la inversión pública nacional que apoye la producción de bienes y servicios en Venezuela, y la generación de empleo estable”
UNT señala que los ingresos petroleros deben orientarse a la inversión pública. Para decirlo claramente, el dinero del petróleo debe traducirse en gasto público para ejecutar los proyectos del gobernante de turno. ¿Alguna semejanza con la realidad actual? ¿Dónde quedó el espíritu de la propuesta de Manuel Rosales de entregarle parte de la riqueza petrolera a los ciudadanos? ¿Por qué siguen creyendo que los gobernantes de turno tienen mejor criterio para invertir ese dinero que los ciudadanos? En este aspecto, fracasaron los adecos, los copeyanos, los convergentes y los chavistas. ¿Necesitamos otro fracaso esta vez a cargo de UNT?
7. “Creemos que el alto costo de la vida y el desabastecimiento se combaten de manera definitiva apoyando a nuestros productores para que incrementen la cantidad de alimentos y de bienes venezolanos”
En estos tiempos no hace falta ser economista para saber que la inflación es un fenómeno monetario y que el Estado a través de la creación excesiva de dinero es el único responsable de la inflación. Al parecer quien escribió esto pertenece a Un Nuevo Tiempo, pero no es un individuo de estos tiempos.
Existen otras expresiones anticapitalistas propias de quienes desprecian a la economía de mercado en el documento de UNT. No son más que repeticiones de ideas de personas que jamás han asumido un riesgo empresarial. No obstante, no vale la pena exponerlas todas. Con las ideas transcritas, se evidencia que un gobierno de UNT, si sigue esas ideas, estaría muy lejos de promover la iniciativa privada y de trabajar para consolidar una economía de mercado. Si bien el carácter democrático de UNT lo aleja del chavismo, sus ideas en materia económica recuerdan a las experiencias menos felices de la mal llamada IV República.
Javier Padrón Aguirre
lunes, 12 de enero de 2009
Las Expropiaciones y la Oposición
La expropiación es uno de los actos más violentos que realiza el Estado contra los ciudadanos. Lamentablemente, una persona que no ha sufrido en carne propia una expropiación no es capaz de comprender la sensación de indefensión y de ultraje que siente el propietario de un bien expropiado. Por ello, no existe conciencia alguna en nuestra sociedad sobre los peligros de esa institución.
En teoría, la expropiación se justifica porque se sacrifica el interés privado del propietario por el interés general de la sociedad. En la realidad, se extingue el legítimo derecho de propiedad de un ciudadano para ejecutar el proyecto unilateral de un determinado funcionario, el cual lo sufragará con los impuestos que han pagado todos los ciudadanos, incluyendo al propietario sacrificado.
Teóricamente, las expropiaciones sólo deben efectuarse por razones de utilidad pública. La verdad es que los funcionarios públicos pueden calificar como de utilidad pública prácticamente cualquier cosa y los tribunales jamás se atreverán a cuestionar esa calificación.
Las leyes señalan que el propietario del bien expropiado debe recibir una justa indemnización. En la práctica, si se niega a aceptar la exigua oferta que le haga inicialmente el Estado, el propietario deberá enfrentar un prolongadísimo juicio antes de cobrar la indemnización correspondiente, la cual no tendrá mucho de justa ya que será tardía y seguramente insuficiente ya que los funcionarios judiciales siempre trabajarán para rebajar la indemnización que debe recibir el “codicioso” propietario. Además, en la mayoría de los casos, el Estado se las ingeniará para tomar posesión del bien expropiado mucho antes de que termine el juicio de expropiación y de que se pague la insuficiente indemnización señalada por el tribunal.
En resumen, la expropiación no es más que el ejercicio desnudo y abusivo del monopolio institucional de la violencia por parte del Estado contra el legítimo propietario de un bien.
En una sociedad donde la libertad es el valor fundamental no es legítimo arrebatarle la propiedad de un bien a ciudadano alguno. Si un funcionario desea adquirir un bien privado con el dinero de los contribuyentes, lo correcto es que haga una oferta suficientemente atractiva a su propietario para convencerlo de que lo venda al Estado. Y no me vengan a decir que el propietario va a asumir una actitud irracional exigiendo un precio exorbitante que no puede ser asumido por el Estado. En primer lugar, porque eso es asumir la mala fe del propietario. En segundo lugar, porque por muy “codicioso” que les pueda parecer a algunos el propietario, el Estado siempre se las ingenia para encontrar recursos para ejecutar los proyectos más caprichosos del gobernante de turno. Al fin y al cabo, si se recurre a nuevos impuestos, al endeudamiento y a la inflación para complacer los caprichosos de ese gobernante ¿Por qué no se recurre a esos medios para pagar el precio exigido por el legítimo propietario de un bien?
Ahora bien, tenemos que admitir que es utópico que la institución de la expropiación sea eliminada de nuestro ordenamiento jurídico en el mediano plazo. No obstante, si podemos aspirar a que los gobernantes la usen con prudencia y discreción. Así, por ejemplo, sería deseable que las expropiaciones no se anuncien públicamente como si se tratara de sabias decisiones que deben ser aplaudidas por los ciudadanos. Asimismo, sólo se debería recurrir a la expropiación cuando se haya agotado total y absolutamente la posibilidad de una compraventa normal. Por último, sólo debería utilizarse la expropiación cuando exista un consenso entre los ciudadanos sobre la conveniencia del proyecto que el gobernante de turno desea ejecutar.
Evidentemente, sería tonto esperar que estas recomendaciones sean seguidas por funcionarios del PSUV. Al fin y al cabo son militantes de una revolución socialista que no tienen una especial deferencia por la propiedad privada. Nos puede desagradar su actitud, pero al menos son coherentes.
No obstante, si tenemos derecho a esperar que los gobernantes regionales y locales de la oposición sigan estas recomendaciones. Si son opositores deben tratar de diferenciarse del gobierno, sobre todo cuando se trata del respeto a derechos fundamentales como el derecho de propiedad. De otra forma, serán oposición pero jamás una alternativa de poder.
Recientemente leí que un funcionario recién electo de un partido de oposición anunció que expropiaría un terreno para construir una determinada obra para el beneficio colectivo. Debido a que asumió sus funciones en diciembre, es evidente que no hizo el mayor de los esfuerzos para adquirir amigablemente el terreno. Por otra parte, hizo un anuncio público, lo cual tiene ciertas semejanzas con los anuncios que hacen los funcionarios del PSUV. En conclusión, no mostró particular deferencia hacia el legítimo derecho del propietario del estacionamiento.
Es difícil abandonar viejos esquemas, pero si se quiere ser no sólo oposición sino también alternativa de gobierno más allá del corto plazo, vale la pena intentarlo.
Javier Padrón Aguirre
En teoría, la expropiación se justifica porque se sacrifica el interés privado del propietario por el interés general de la sociedad. En la realidad, se extingue el legítimo derecho de propiedad de un ciudadano para ejecutar el proyecto unilateral de un determinado funcionario, el cual lo sufragará con los impuestos que han pagado todos los ciudadanos, incluyendo al propietario sacrificado.
Teóricamente, las expropiaciones sólo deben efectuarse por razones de utilidad pública. La verdad es que los funcionarios públicos pueden calificar como de utilidad pública prácticamente cualquier cosa y los tribunales jamás se atreverán a cuestionar esa calificación.
Las leyes señalan que el propietario del bien expropiado debe recibir una justa indemnización. En la práctica, si se niega a aceptar la exigua oferta que le haga inicialmente el Estado, el propietario deberá enfrentar un prolongadísimo juicio antes de cobrar la indemnización correspondiente, la cual no tendrá mucho de justa ya que será tardía y seguramente insuficiente ya que los funcionarios judiciales siempre trabajarán para rebajar la indemnización que debe recibir el “codicioso” propietario. Además, en la mayoría de los casos, el Estado se las ingeniará para tomar posesión del bien expropiado mucho antes de que termine el juicio de expropiación y de que se pague la insuficiente indemnización señalada por el tribunal.
En resumen, la expropiación no es más que el ejercicio desnudo y abusivo del monopolio institucional de la violencia por parte del Estado contra el legítimo propietario de un bien.
En una sociedad donde la libertad es el valor fundamental no es legítimo arrebatarle la propiedad de un bien a ciudadano alguno. Si un funcionario desea adquirir un bien privado con el dinero de los contribuyentes, lo correcto es que haga una oferta suficientemente atractiva a su propietario para convencerlo de que lo venda al Estado. Y no me vengan a decir que el propietario va a asumir una actitud irracional exigiendo un precio exorbitante que no puede ser asumido por el Estado. En primer lugar, porque eso es asumir la mala fe del propietario. En segundo lugar, porque por muy “codicioso” que les pueda parecer a algunos el propietario, el Estado siempre se las ingenia para encontrar recursos para ejecutar los proyectos más caprichosos del gobernante de turno. Al fin y al cabo, si se recurre a nuevos impuestos, al endeudamiento y a la inflación para complacer los caprichosos de ese gobernante ¿Por qué no se recurre a esos medios para pagar el precio exigido por el legítimo propietario de un bien?
Ahora bien, tenemos que admitir que es utópico que la institución de la expropiación sea eliminada de nuestro ordenamiento jurídico en el mediano plazo. No obstante, si podemos aspirar a que los gobernantes la usen con prudencia y discreción. Así, por ejemplo, sería deseable que las expropiaciones no se anuncien públicamente como si se tratara de sabias decisiones que deben ser aplaudidas por los ciudadanos. Asimismo, sólo se debería recurrir a la expropiación cuando se haya agotado total y absolutamente la posibilidad de una compraventa normal. Por último, sólo debería utilizarse la expropiación cuando exista un consenso entre los ciudadanos sobre la conveniencia del proyecto que el gobernante de turno desea ejecutar.
Evidentemente, sería tonto esperar que estas recomendaciones sean seguidas por funcionarios del PSUV. Al fin y al cabo son militantes de una revolución socialista que no tienen una especial deferencia por la propiedad privada. Nos puede desagradar su actitud, pero al menos son coherentes.
No obstante, si tenemos derecho a esperar que los gobernantes regionales y locales de la oposición sigan estas recomendaciones. Si son opositores deben tratar de diferenciarse del gobierno, sobre todo cuando se trata del respeto a derechos fundamentales como el derecho de propiedad. De otra forma, serán oposición pero jamás una alternativa de poder.
Recientemente leí que un funcionario recién electo de un partido de oposición anunció que expropiaría un terreno para construir una determinada obra para el beneficio colectivo. Debido a que asumió sus funciones en diciembre, es evidente que no hizo el mayor de los esfuerzos para adquirir amigablemente el terreno. Por otra parte, hizo un anuncio público, lo cual tiene ciertas semejanzas con los anuncios que hacen los funcionarios del PSUV. En conclusión, no mostró particular deferencia hacia el legítimo derecho del propietario del estacionamiento.
Es difícil abandonar viejos esquemas, pero si se quiere ser no sólo oposición sino también alternativa de gobierno más allá del corto plazo, vale la pena intentarlo.
Javier Padrón Aguirre
viernes, 9 de enero de 2009
El Matrimonio Homosexual y los Liberales
Para muchas personas que se consideran liberales el matrimonio homosexual debe ser apoyado. En efecto, consideran que el rechazo al matrimonio homosexual es propio de personas conservadoras.
En mi criterio, esos amigos liberales están equivocados ya que una auténtica postura liberal debe conducir necesariamente al rechazo del matrimonio homosexual.
El matrimonio civil entre un hombre y una mujer constituye una intervención estatal en la esfera privada de las personas ya que se trata de una institución creada y diseñada por el Estado. Cuando un hombre y una mujer contraen matrimonio no están en libertad de determinar sus derechos y obligaciones ya que las mismas están predeterminadas por la ley, salvo la posibilidad de las capitulaciones. Si el matrimonio civil fuera una institución liberal, cada pareja heterosexual podría diseñar el contrato matrimonial que desease. Así, por ejemplo, una pareja podría establecer una obligación de convivir mientras que otra pareja podría omitir cualquier referencia a esa situación.
Si prevalecieran las ideas liberales o libertarias, el matrimonio civil sería un contrato abierto que cada pareja diseñaría según sus necesidades. Incluso, si fuéramos totalmente coherentes con el ideario libertario, el matrimonio civil no existiría. En efecto, el matrimonio sería una institución exclusivamente religiosa, como lo fue originalmente en muchos países, ajena totalmente a la intervención estatal.
Por ende, los liberales deben ver con desconfianza cualquier matrimonio civil, bien sea heterosexual u homosexual.
Ahora bien ¿Por qué el Estado crea la institución del matrimonio civil? No lo hace para exaltar el romanticismo de las parejas. No hay espacio para esas consideraciones sentimentales. El Estado creó el matrimonio civil porque consideró que era necesario dar una protección institucional a la familia, entendida como ese núcleo natural de hombre, mujer e hijos. Si no fuera por la crianza de los hijos, el matrimonio civil como institución legal no tendría razón de ser.
Así, llegamos al punto crítico. Si el matrimonio existe sólo por la crianza de los hijos ¿Qué sentido tiene un matrimonio homosexual que naturalmente no puede concebirlos? Evidentemente, ese tipo de matrimonio no tiene sentido alguno ya que el Estado no le interesa la simple protección de las parejas, bien sean heterosexuales u homosexuales.
Ante ello, los activistas homosexuales reclaman que una pareja homosexual que contrae matrimonio civil debe tener derecho a adoptar niños. De esa manera, el matrimonio homosexual adquiere sentido para el Estado porque tiene la potencialidad de constituir un núcleo familiar que se ocupe de la crianza de niños.
No obstante, semejante solución constituye una inadmisible intervención del Estado en la esfera privada. Naturalmente una pareja de dos hombres jamás podrán ser progenitores de un niño, al igual que una pareja de dos mujeres. Por ello, la solución propuesta hace que el Estado distorsione la realidad natural mediante una institución legal: la adopción, mediante la cual se logra que dos padres o dos madres sean los progenitores de un niño.
Es difícil concebir una solución liberal, es decir sin intervención del Estado, para el régimen de adopción. No obstante, mientras el Estado se encuentre a cargo de las adopciones, es necesario que la familia adoptante reproduzca la realidad natural de la familia que debió tener el niño abandonado. No es aceptable que mediante la intervención del Estado a través de la adopción se creen familias artificiales de dos hombres e hijos o dos mujeres e hijos. Si lo llevamos al absurdo, no faltará quien proponga una familia adoptante de dos padres y tres madres, por ejemplo. Si se acepta el uso de la ley para distorsionar la realidad natural, no habrá límites a la voluntad de un legislador arbitrario.
Los activistas homosexuales señalan que una pareja homosexual tiene el mismo derecho que una pareja heterosexual a adoptar un niño. Semejante argumento revela un desconocimiento absoluta de la institución de la adopción, la cual ha sido creada exclusivamente en interés del niño. Por ende, ni los heterosexuales ni los homosexuales tienen derecho a adoptar. Son los niños los que tienen derecho a tener una familia adoptiva que sustituya la familia natural que no pudieron tener.
Dejando a un lado el tema de la crianza de los niños y las adopciones, mientras existe un matrimonio civil para heterosexuales, sí debería existir una institución similar para las parejas homosexuales, las cuales son una realidad natural, tal como lo demuestra la historia. Por eso, hay quienes proponen la unión civil para las parejas homosexuales, la cual sería una institución muy similar al matrimonio pero que excluye totalmente la posibilidad de adoptar. Desde una perspectiva liberal, mientras exista el matrimonio civil para las parejas heterosexuales, la unión civil es la solución adecuada para las parejas homosexuales.
Javier Padrón Aguirre
En mi criterio, esos amigos liberales están equivocados ya que una auténtica postura liberal debe conducir necesariamente al rechazo del matrimonio homosexual.
El matrimonio civil entre un hombre y una mujer constituye una intervención estatal en la esfera privada de las personas ya que se trata de una institución creada y diseñada por el Estado. Cuando un hombre y una mujer contraen matrimonio no están en libertad de determinar sus derechos y obligaciones ya que las mismas están predeterminadas por la ley, salvo la posibilidad de las capitulaciones. Si el matrimonio civil fuera una institución liberal, cada pareja heterosexual podría diseñar el contrato matrimonial que desease. Así, por ejemplo, una pareja podría establecer una obligación de convivir mientras que otra pareja podría omitir cualquier referencia a esa situación.
Si prevalecieran las ideas liberales o libertarias, el matrimonio civil sería un contrato abierto que cada pareja diseñaría según sus necesidades. Incluso, si fuéramos totalmente coherentes con el ideario libertario, el matrimonio civil no existiría. En efecto, el matrimonio sería una institución exclusivamente religiosa, como lo fue originalmente en muchos países, ajena totalmente a la intervención estatal.
Por ende, los liberales deben ver con desconfianza cualquier matrimonio civil, bien sea heterosexual u homosexual.
Ahora bien ¿Por qué el Estado crea la institución del matrimonio civil? No lo hace para exaltar el romanticismo de las parejas. No hay espacio para esas consideraciones sentimentales. El Estado creó el matrimonio civil porque consideró que era necesario dar una protección institucional a la familia, entendida como ese núcleo natural de hombre, mujer e hijos. Si no fuera por la crianza de los hijos, el matrimonio civil como institución legal no tendría razón de ser.
Así, llegamos al punto crítico. Si el matrimonio existe sólo por la crianza de los hijos ¿Qué sentido tiene un matrimonio homosexual que naturalmente no puede concebirlos? Evidentemente, ese tipo de matrimonio no tiene sentido alguno ya que el Estado no le interesa la simple protección de las parejas, bien sean heterosexuales u homosexuales.
Ante ello, los activistas homosexuales reclaman que una pareja homosexual que contrae matrimonio civil debe tener derecho a adoptar niños. De esa manera, el matrimonio homosexual adquiere sentido para el Estado porque tiene la potencialidad de constituir un núcleo familiar que se ocupe de la crianza de niños.
No obstante, semejante solución constituye una inadmisible intervención del Estado en la esfera privada. Naturalmente una pareja de dos hombres jamás podrán ser progenitores de un niño, al igual que una pareja de dos mujeres. Por ello, la solución propuesta hace que el Estado distorsione la realidad natural mediante una institución legal: la adopción, mediante la cual se logra que dos padres o dos madres sean los progenitores de un niño.
Es difícil concebir una solución liberal, es decir sin intervención del Estado, para el régimen de adopción. No obstante, mientras el Estado se encuentre a cargo de las adopciones, es necesario que la familia adoptante reproduzca la realidad natural de la familia que debió tener el niño abandonado. No es aceptable que mediante la intervención del Estado a través de la adopción se creen familias artificiales de dos hombres e hijos o dos mujeres e hijos. Si lo llevamos al absurdo, no faltará quien proponga una familia adoptante de dos padres y tres madres, por ejemplo. Si se acepta el uso de la ley para distorsionar la realidad natural, no habrá límites a la voluntad de un legislador arbitrario.
Los activistas homosexuales señalan que una pareja homosexual tiene el mismo derecho que una pareja heterosexual a adoptar un niño. Semejante argumento revela un desconocimiento absoluta de la institución de la adopción, la cual ha sido creada exclusivamente en interés del niño. Por ende, ni los heterosexuales ni los homosexuales tienen derecho a adoptar. Son los niños los que tienen derecho a tener una familia adoptiva que sustituya la familia natural que no pudieron tener.
Dejando a un lado el tema de la crianza de los niños y las adopciones, mientras existe un matrimonio civil para heterosexuales, sí debería existir una institución similar para las parejas homosexuales, las cuales son una realidad natural, tal como lo demuestra la historia. Por eso, hay quienes proponen la unión civil para las parejas homosexuales, la cual sería una institución muy similar al matrimonio pero que excluye totalmente la posibilidad de adoptar. Desde una perspectiva liberal, mientras exista el matrimonio civil para las parejas heterosexuales, la unión civil es la solución adecuada para las parejas homosexuales.
Javier Padrón Aguirre
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