domingo, 28 de diciembre de 2008

La Democracia Participativa y la Educación: Una Estafa Ideológica

Hace algún tiempo, los límites de la intromisión del Estado en la vida de los ciudadanos y ciudadanas eran muy claros. El Gobierno y los funcionarios públicos no pretendían formar “a un tipo humano nacional de determinadas características, tal como luego pretendería hacer Luis Beltrán Prieto Figueroa, ni pretendían “configurar el orden social”. La educación que recibían los niños y niñas era el reflejo de los valores y creencias de sus padres y familiares, no el producto de las convicciones ideológicas del gobernante de turno y del partido dominante.

Con la excusa de combatir las desigualdades socioeconómicas, el Estado invadió aquellas esferas de la vida social que pertenecían exclusivamente a los ciudadanos y las ciudadanas. Así, el Estado diseñó un modelo de ciudadano, un modelo de familia, un modelo de empresario y decidió arrebatarnos nuestro dinero y nuestras riquezas a través de los impuestos, para hacer realidad su objetivo de producir en masa esos modelos. Ser un ciudadano diferente, una familia diferente, un empresario diferente, pasó a ser reprochable y censurable, tanto política como socialmente. Así, nos arrebataron el derecho de definir nuestra personalidad y nuestro destino. ¿La existencia precede a la esencia? Tal vez, pero no en el Estado Social y Burocrático de Derecho.

Luego de décadas de asfixiarnos, nos ofrecieron una compensación por semejante robo: la democracia participativa. El Estado, a cambio de todos aquellos ámbitos de nuestra vida privada que nos fueron arrebatados, nos ofrece la posibilidad de colaborar, como simples segundones, con los funcionarios públicos en la gestión de aquello que fue nuestro. En otras palabras, invaden nuestra casa y nos botan de ella, para luego gentilmente solicitar nuestra opinión acerca de qué color deben usar para pintarla e invitarnos a una parrilla una vez cada dos meses para corroborar que la pintaron del color del partido gobernante. Realmente, conmueve ver a nuestros ciudadanos y nuestras ciudadanas reclamar participación en las decisiones sobre la educación de sus hijos e hijas, cuando lo que debemos hacer es exigir es la devolución de lo que nos fue arrebatado.

¿Quién debe decidir qué valores se enseñan a nuestros niños y nuestras niñas? Sus padres y sus familias. ¿Quién debe decidir que asignaturas se les imparten? Las comunidades de cada plantel educativo, bien sea éste público o privado. ¿Quién debe decidir en qué se gasta el presupuesto de cada escuela? Los padres y las madres junto con los profesores y profesoras. Ya basta de mendigar exiguas cuotas de participación de carácter no vinculante en las decisiones de las autoridades educativas. Hay que romper con un modelo fracasado que nos considera menos capaces que un burócrata. Que el Estado les devuelva a los ciudadanos y ciudadanas lo que les ha arrebatado. Es hora de hacer justicia.

Javier Padrón Aguirre

La Enmienda Constitucional: La Democracia contra el Estado de Derecho

Debo dejar claro que considero que la propuesta de enmienda constitucional viola la Constitución. No obstante, creo que el debate legal en este caso es subalterno ya que nos encontramos ante un problema político que ejemplifica, una vez más, como se ha está usando la Democracia para destruir el Estado de Derecho, tal como se hizo con la convocatoria a una Asamblea Constituyente para derogar la Constitución de 1961.

La noción de Estado de Derecho es esencialmente liberal y burguesa. Fueron los burgueses quienes para su propio beneficio les arrebataron la Libertad a los monarcas absolutos. Posteriormente, el disfrute de la Libertad fue extendido a toda la población. Por ello aunque le duela a muchos, el espíritu de la Libertad es y será esencialmente burgués.

En su concepción original, el Estado de Derecho comprende: (i) el principio de separación de poderes (ii) la existencia de derechos fundamentales que constituyen esferas inmunes a la actuación del Estado (iii) la existencia de un poder judicial autónomo e independiente que proteja esos derechos fundamentales (iv) el principio de separación entre Estado y Sociedad y (v) la alternabilidad y la despersonalización del poder.

El Estado Social y Democrático de Derecho consagrado en nuestra Constitución, reconoce y acepta el contenido del Estado Liberal-Burgués de Derecho, salvo el principio de la separación entre Estado y Sociedad ya que le otorga el Estado el rol de configurador o arquitecto de la Sociedad. Si ello es compatible con la Libertad es objeto de extensos debates, pero escapa de esta reflexión.

Ahora bien, lo que estamos viviendo con la propuesta de enmienda es un intento de destruir uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho: la alternabilidad y la despersonalización de poder. Sin embargo, ese intento trata de recurrir a una fuente de legitimidad que a los dirigentes de la oposición les cuesta mucho cuestionar: la Democracia, o en otras palabras, la posibilidad de que la mayoría la respalde a través de un referendo.

Los defensores de la propuesta de enmienda señalan que la posibilidad de reelegir sin limitaciones al Presidente de la República es una legítima expresión de la soberanía popular ya que es el voto del pueblo el que libremente decidirá si el Jefe del Estado permanece en el poder cada vez que se postule. Así, señalan que la prohibición de reelegir al Presidente de la República más de una vez es profundamente antidemocrática porque limita la voluntad del soberano.


Ante ese planteamiento, quienes defienden la Libertad deberían dar una respuesta contundente y señalar que esas limitaciones son efectivamente antidemocráticas, pero que son absolutamente legítimas porque son la expresión de un valor superior, el Estado de Derecho, el cual impone la alternabilidad y la despersonalización del poder como garantía de la Libertad.

No podemos seguir aceptando que se legitime cualquier decisión política en base al apoyo de la mayoría. Semejante proceder no haría más que legitimar cualquier atropello contra la Libertad. La mayoría no tiene derecho a (i) desconocer los derechos fundamentales de las personas que no se identifican con las decisiones de esa mayoría (ii) legitimar a un poder judicial dependiente y subordinado (iii) borrar cualquier límite entre Estado y Sociedad y convertir a los individuos en instrumentos del Estado (iv) i) concentrar el poder público en un solo funcionario o (v) perpetuar en el poder a ese funcionario. En otras palabras, la Democracia no puede ser usada para destruir el Estado de Derecho.

La mayoría de los políticos e intelectuales le atribuyen a la Democracia contenidos que le son extraños y que histórica y políticamente le pertenecen al Estado de Derecho. Lo hacen por sus perjuicios antiliberales y anti-burgueses. Lamentablemente, ese garrafal error intelectual los deja desarmados ante ataques contra la Libertad como la propuesta de enmienda.

Ojalá rectifiquen antes de que la Democracia destruya completamente el Estado de Derecho. En caso contrario, luego veremos con profunda tristeza como usarán el Estado Social para enterrar la Democracia. Cuando ello ocurra, reconocerán que la antigua Libertad de los burgueses es el valor superior de una sociedad civilizada, pero ese reconocimiento habrá llegado demasiado tarde.

Javier Padrón Aguirre

Estado Social y Democrático de Derecho: Un compromiso traicionado

En el Estado Social y Democrático de Derecho coexisten tres principios. En primer lugar, el Estado de Derecho cuya idea fundamental es la limitación del poder del Estado a través de la Constitución y las leyes; la existencia de un conjunto de derechos fundamentales que sirven como límites de la actuación del Estado; la garantía judicial efectiva de esos derechos fundamentales; la separación de poderes; así como la alternabilidad y la despersonalización del Poder Público.

En segundo lugar, tenemos el Principio Democrático, el cual implica que las autoridades más importantes del Estado deben ser elegidas por sufragio universal, directo y secreto y que las controversias más relevantes para la vida social deben ser resueltas mediante ese tipo de sufragio.

Por último, tenemos el Estado Social que exige que el Estado intervenga en la vida social para efectuar las modificaciones necesarias para garantizar a los ciudadanos un nivel de bienestar básico y para promover la igualdad social; en otras palabras, hablamos de los derechos económicos y sociales y la procura existencial.

Históricamente, el Estado de Derecho es el primero de los principios. En efecto, con motivo de las Revoluciones Inglesa, Americana y Francesa se adoptó el modelo del Estado de Derecho, en el cual había una separación tajante entre Estado y Sociedad que impedía cualquier intervención estatal para modificar la realidad social y en el cual el sufragio estaba restringido a un grupo limitado de varones, propietarios con cierto grado de instrucción. Posteriormente, el sufragio se fue extendiendo a otros grupos de ciudadanos con lo cual presenciamos la introducción del Principio Democrático. Finalmente, como una forma de responder a la presión de los grupos socialistas o socialdemócratas, el Estado comenzó a asumir responsabilidad de carácter social para con los ciudadanos, con lo cual se introdujo el Principio del Estado Social.

El Estado Social y Democrático de Derecho es una fórmula transaccional para garantizar la coexistencia pacífica entre aquellos que consideran que la limitación del Poder del Estado debe ser el fin fundamental del ordenamiento jurídico (los liberales o libertarios no anarquistas), quienes consideran que la mayoría puede legitimar cualquier decisión política (los demócratas radicales) y quienes consideran que el Estado debe poseer amplios poderes para garantizar el bienestar social y promover la igualdad de oportunidades y de resultados (los socialistas o socialdemócratas). Evidentemente, estos tres principios pueden entrar en contradicción en cualquier momento ya que para los demócratas radicales y para los socialistas y socialdemócratas, los principios fundamentales del Estado de Derecho son un obstáculo para el pleno ejercicio de la soberanía popular o para alcanzar la igualdad social mediante el uso de los poderes del Estado.

De esa forma, hemos visto como uno u otro principio ha prevalecido durante diversas fases de la historia de la postguerra en Europa Occidental. Así, una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, el triunfo electoral de partidos laboristas, socialistas, socialdemócratas y socialcristianos conllevó el inicio de una intensa etapa de nacionalizaciones, incremento de los impuestos sobre la renta y el capital e intervencionismo estatal. En efecto, creyeron que podían construir el socialismo mediante métodos democráticos, siguiendo el ejemplo que los Estados Unidos había iniciado con el New Deal durante la administración de Franklin Roosevelt.

No obstante, después de casi cuatro décadas de socialismo democrático, la dura realidad tocó a las puertas de los gobernantes y los ciudadanos. El socialismo democrático, las nacionalizaciones, los altos impuestos y el intervencionismo gubernamental habían quebrado a los Estados. El socialismo democrático había fracasado y la amenaza soviética crecía cada día más. Ante ello, el mundo occidental recurrió a su fuente original: el Estado de Derecho, la libertad individual y la iniciativa empresarial. Se aflojaron los controles gubernamentales, se disminuyeron los impuestos y se desreguló un poco la economía. Y ocurrió el milagro ya que ese pequeño respiro bastó para que las economías nacionales volvieran a crecer y para que la amenaza soviética se desvaneciera como producto de la competencia de la reserva más poderosa del mundo occidental: el Estado de Derecho, la libertad individual y la iniciativa empresarial.

No obstante, el Estado Social no murió. En efecto, sigue vivo extrayendo altos impuestos de la sociedad y pretendiendo devolvérselos a los ciudadanos mediante un sistema de bienestar social que progresivamente se hace inviable. Nadie tiene la valentía de señalar que esos sistemas de bienestar son insostenibles y que le arrebatan a la sociedad mucho más de lo que le devuelven. Por si ello fuera poco, los demócratas radicales, los socialistas y los socialdemócratas han vuelto a nutrir su discurso político de diatribas contra el Estado de Derecho y contra sus defensores, los cuales son calificados como fascistas, conservadores, derechistas y cualquier otro epíteto lleno de connotaciones negativas. Atrás quedaron los líderes socialistas y socialdemócratas que asumieron la realidad y que trataron de dar un nuevo rostro a la centroizquierda europea. No hay nuevos Tony Blair, sino socialistas obstinados y melancólicos que cuando no pueden dar marcha atrás a las reformas liberales, compensan sus complejos alabando o apoyando a caudillos izquierdistas del Tercer Mundo. No es el tiempo de Felipe González, sino de Rodríguez Zapatero.

Así, vemos como los demócratas radicales, los socialistas y los socialdemócratas no se conforman con la fórmula transaccional del Estado Social y Democrático de Derecho. No les bastó quebrar a sus Estados y casi sucumbir ante la amenaza soviética. Ahora quieren una nueva oportunidad para llevar a feliz término su proyecto de sepultar el Estado de Derecho, la libertad individual y la iniciativa empresarial. Nuevamente nos ofrecen una utopía socialista, la cual maquillan con ambientalismo, multiculturalismo y otras variedades ideológicas producto del odio hacia el capitalismo.

Desgraciadamente para ellos, ayer como hoy, las amenazas externas son demasiado importantes como para profundizar su proyecto y abandonar la tutela americana. Ayer tenían que acudir a los Estados Unidos para evitar que las tropas soviéticas almorzaran en Lisboa. Hoy tienen que recurrir a los americanos ante la amenaza del islamismo radical. Es curioso que los más encarnizados enemigos de la libertad, es decir los islamistas radicales, sean quienes impidan que Europa se suicide de la mano de los apóstoles del Estado Social.No obstante, tarde o temprano, los apóstoles del Estado Social triunfarán y quebrarán nuevamente a sus Estados y nuevamente le darán un pequeño espacio al Estado de Derecho, la libertad individual y la iniciativa empresarial para que rescate a esas economías moribundas.

Ante ello nos preguntamos ¿Hasta cuándo habrá que soportar este círculo vicioso? ¿Hasta cuándo los demócratas radicales, los socialistas y los socialdemócratas seguirán rompiendo el compromiso transaccional del Estado Social y Democrático de Derecho? Quizás sea tiempo de dejarlos asumir las consecuencias de sus errores en solitario amparados en sus cacareadas mayorías electorales. Quizás los auténticos defensores de la libertad deben negarse a colaborar en los gobiernos de quienes ni siquiera tienen la decencia de cumplir con las soluciones de compromiso. Quizás los auténticos defensores de la libertad sólo deban volver a gobernar cuando posean un claro mandato popular, fuera de la traicionada fórmula transaccional del Estado Social y Democrático de Derecho.

Los auténticos defensores de la libertad no pueden seguir haciendo el papel de tontos útiles de políticos resentidos, demagogos, irresponsables y traicioneros. Ya basta de ser el chivo expiatorio de su fracaso y su mediocridad.

Javier Padrón Aguirre

La Democracia Social ¡Viva Jaime Lusinchi!

“Porque Jaime nos conduce a un tiempo nuevo, hacia una democracia social”. Así rezaba una de las canciones que animaba a los partidarios del candidato Jaime Lusinchi en la campaña presidencial de 1983.

He oído con una sonrisa en los labios la propuesta de Manuel Rosales y Leopoldo López, líderes de Un Nuevo Tiempo, de responder al Socialismo del Siglo XXI con la tesis de la Democracia Social. Quizás a Jaime Lusinchi le sorprenda un poco que lo reivindique Manuel Rosales, quien era el jefe de los seguidores de Carlos Andrés Pérez en el Estado Zulia en las durísimas pugnas internas de Acción Democrática en la década de los ochenta entre lusinchistas y carlosandrecistas; pero seguramente no saldrá de su asombro ante la reivindicación de su propuesta política que hace Leopoldo López, un político de las “nuevas generaciones”.

La expresión Democracia Social no es más que una transposición de la expresión Socialdemocracia. No voy a hacer una extensa referencia histórica sobre lo que es la Socialdemocracia, pero todos sabemos que esa corriente de pensamiento representa el llamado socialismo democrático y que es la expresión más representativa del espacio político llamado centroizquierda. En Venezuela, la Socialdemocracia fue la corriente de pensamiento político dominante desde la caída de Pérez Jiménez a través de Acción Democrática, el cual llegó a ser el partido socialdemócrata con más militantes en el mundo. Así, tanto la Constitución de 1947 como la Constitución de 1961 se basan en el modelo socialdemócrata de organización del Estado y de la Sociedad. Es más, fue tan fuerte la huella de la Socialdemocracia en Venezuela que la Constitución de 1999, salvo los elementos de la prolongación del período presidencial y la reelección del Jefe del Estado, debe calificarse como una constitución de tinte claramente socialdemócrata.

Ahora bien ¿En qué consiste la Socialdemocracia? La Socialdemocracia considera que el Estado debe ser el arquitecto del orden social y considera que mediante la utilización de las técnicas de intervención administrativa en el ámbito económico, lo cual incluye estatizaciones de empresas, altos impuestos y severas limitaciones y restricciones a la iniciativa empresarial, se puede generar una situación de bienestar general y disminución progresiva de las desigualdades económicas. Asimismo, la Socialdemocracia dice reivindicar las libertades fundamentales y defiende el sufragio universal, directo y secreto como método de solución de controversias políticas.

Podríamos invertir meses y años haciendo un balance de la Socialdemocracia en el mundo, pero es mejor limitarnos a Venezuela. En nuestro país el veredicto fue claro: un fracaso absoluto. ¿Por qué lo digo? No porque yo lo crea así, sino porque el pueblo venezolano decidió libremente en 1998 darle una patada en el trasero a la Constitución de 1961 y a Acción Democrática y entregarle el poder a un candidato cuya principal bandera era la sustitución del modelo que había funcionado durante 40 años.

Ante esa realidad, nos preguntamos ¿La Democracia Social de Rosales y López es la misma Socialdemocracia adeca? Si usted se los pregunta, la respuesta será negativa porque no son suicidas, pero más allá de la respuesta políticamente correcta es necesario indagar si Rosales y López son socialdemócratas o no. Por sus declaraciones no tengo duda alguna: sí lo son. Por ello, me pregunto ¿Qué tiene de diferente su propuesta política con respecto la propuesta de Acción Democrática? Personalmente creo que no existe diferencia alguna. Quizás Leopoldo López, debido a su juventud que es fuente tanto de energía como de ceguera, piense que él puede triunfar donde fracasaron los adecos. Quizás piense que él puede lograr lo que no lograron Betancourt, Gallegos, Leoni, Barrios, Carlos Andrés y Lusinchi. Quizás piense que los adecos eran un grupo de políticos corruptos y sin formación en contraste con el grupo de sujetos honestos y brillantes que le acompañarán en la nueva fase socialdemócrata de la historia venezolana.

Por otra parte, estoy convencido que Manuel Rosales sí está claro. Rosales fue, es y será adeco, es decir socialdemócrata. El Gobernador del Zulia cree que los cuarenta años de la llamada IV República han sido el período más brillante de nuestra historia republicana. Por ello, la propuesta de la Democracia Social no es más que la reivindicación de su historia personal como dirigente político.

Al parecer, la propuesta de la Democracia Social gana terreno. Le gusta a los estudiantes, la defiende el Padre Ugalde, la apoya Podemos, el General Baduel y por supuesto los adecos, quienes, aunque disminuidos, siguen vivos. Así, la Democracia Social parece ser una propuesta alrededor de la cual se puede construir un nuevo consenso en Venezuela. ¡Que originales! Le propongo al Padre Ugalde que la UCAB reedite “Venezuela Política y Petróleo”, el Plan de Barranquilla, las tesis del PDN y el programa de gobierno de Rafael Rosales Peña para la Gobernación de Barinas y que la Coral de la UCAB entone “¿Con quién estás tú compañero?” en la próxima graduación de economistas.

¡Tanto nadar para morir en la orilla!. Ahora resulta que todos somos adecos y que la única alternativa ideológica a la socialdemocracia es el socialismo totalitario de Chávez. Siempre preferí a los adecos antes que a cualquier militar o comunista y ahora resulta que todos los que han criticado el pasado, desde la derecha o desde la izquierda, no hacen más que invitarnos a intentar nuevamente una propuesta ideológica que el pueblo, con o sin razón, rechazó finalmente.

Esos líderes de las “nuevas generaciones” que no han sido capaces de construir un partido que se acerque a lo que era la seccional de Acción Democrática en Carúpano, tuvieron que terminar siendo acogidos por los adecos de Un Nuevo Tiempo y creen que pueden señalar el rumbo ideológico de un país. Al menos espero que tengan el valor de reconocer que las canciones de la campaña de Jaime Lusinchi no sólo eran pegajosas, sino que resumen, en su totalidad, la densidad de ese “original” pensamiento político que han “desarrollado” luego de arduas horas de estudio en universidades americanas y venezolanas. No se preocupen, conservo varias grabaciones de las canciones para que estimulen su reflexión intelectual.

¡Más vale malo conocido que bueno por conocer! ¡Ramos Allup Presidente, Carajo!

Javier Padrón Aguirre