UNT es el principal partido político de oposición. Así, debería ser la principal alternativa de gobierno. Por ello, es necesario comentar algunas de las ideas económicas contiene el documento “Declaración de Principios Ideológicos y Programáticos de Un Nuevo Tiempo” para ver si realmente ofrecen un cambio profundo en materia económica con respecto al gobierno de Chávez.
1. “los demócratas sociales proponemos la creación de una estructura económica mixta que combine el funcionamiento del mercado con políticas de planificación y regulación democrática"
Afortunadamente UNT lo dice muy claramente. Apoyan una economía mixta. En otras palabras, en un gobierno de UNT el Estado seguiría siendo empresario. Por otra parte, la planificación y regulación de la actividad económica privada será un elemento fundamental de ese gobierno. Así, los espacios que se dejen a la iniciativa privada siempre estarán bajo la estricta vigilancia de un burócrata del Ministerio de Planificación y de un regulador implacable, quizás como el Presidente del INDEPABIS.
2. “El control directo del sector público democrático se aplicará solo a las áreas estratégicas de la economía como la petrolera y minera, en tanto que los otros sectores de la economía se desarrollarán indistintamente por el sector público o por el privado, dentro de un marco de respeto a la propiedad privada, y dentro de una política general de desarrollo integral sustentable”
UNT afirma que controlaría en forma directa las áreas estratégicas tales como la petrolera y minera. ¿Es que existen otras áreas que consideran estratégicas? ¿Por qué no las señalan? ¿Será que dependen de la discrecionalidad del gobernante de turno? ¿Dónde hemos visto eso antes? Asimismo nos preguntamos ¿El control directo representa exclusión o en su defecto minimización de la iniciativa privada?
Por otra parte, afirman que los sectores no estratégicos quedan a cargo tanto del sector público como del sector privado. En otras palabras, no sólo el Estado será un empresario monopólico u oligopólico en ese difuso y amplio sector estratégico, sino que también será empresario en los otros sectores de la economía, compitiendo así en forma desleal y abusiva con el disminuido sector privado nacional.
Finalmente, hablan de desarrollo integral sustentable. Hermosas palabras que por difusas son infinitamente peligrosas, porque sólo sirven para amenazar a la iniciativa privada cuando el funcionario de turno no la considere integral o sustentable.
3. “Debemos prepararnos para una etapa post-capitalista”
Ahora resulta que los amigos de UNT son profetas de la muerte de la economía de mercado. Anuncian la llegada de un nuevo sistema económico. ¿Les suena familiar? ¿Conocen a alguien más en Venezuela que haya profetizado el fin del capitalismo? ¿Cómo se llamará el sistema económico post-capitalista? ¿Socialismo del Siglo XXI? ¿Hablan en serio o se trata de la sección de humor de UNT?
4. “La Democracia Social requiere que la actividad económica tenga por finalidad la satisfacción de las necesidades humanas, antes que la maximización de ganancias privadas ó estatales”
Nos encontramos ante la típica letanía propia de una mentalidad anticapitalista. ¿Conocen algún empresario legítimo que obtenga ganancias sin satisfacer necesidades humanas? Cuando el portugués de la panadería obtiene ganancias lo hace porque satisface las necesidades de sus clientes. En otras palabras, la obtención de ganancias por parte de un empresario es la consecuencia de satisfacer adecuadamente las necesidades de los consumidores. Sólo en el Gobierno podemos encontrar personas que se enriquecen sin satisfacer necesidad humana alguna.
5. “Por consenso democrático, se adoptarán políticas de desarrollo científico, tecnológico e industrial que generen puestos de trabajo y un ascendente nivel de bienestar”
Ni los gobernantes de turno, ni comisiones tripartitas, ni encuentros de dirigentes políticos y sociales son capaces de identificar los sectores económicos que generarán la mayor cantidad de empleos y bienestar para la población. Asimismo, tampoco son capaces de señalar en qué forma se debe invertir el capital nacional para tales fines. Sólo el auténtico empresario es capaz de calcular y asumir riesgos. El Estado no ha generado ni generará bienestar, les guste o no a los gobernantes de turno. Por otra parte, si un empresario no comparte el sabio diagnóstico del consenso democrático ¿Lo obligarán a invertir su capital en contra de su voluntad en los sectores de la economía que el consenso democrático haya decidido?
6. “Nuestra riqueza petrolera debe ser gerenciada sin desviaciones políticas y los ingresos que de ella se obtengan deben orientarse a la inversión pública nacional que apoye la producción de bienes y servicios en Venezuela, y la generación de empleo estable”
UNT señala que los ingresos petroleros deben orientarse a la inversión pública. Para decirlo claramente, el dinero del petróleo debe traducirse en gasto público para ejecutar los proyectos del gobernante de turno. ¿Alguna semejanza con la realidad actual? ¿Dónde quedó el espíritu de la propuesta de Manuel Rosales de entregarle parte de la riqueza petrolera a los ciudadanos? ¿Por qué siguen creyendo que los gobernantes de turno tienen mejor criterio para invertir ese dinero que los ciudadanos? En este aspecto, fracasaron los adecos, los copeyanos, los convergentes y los chavistas. ¿Necesitamos otro fracaso esta vez a cargo de UNT?
7. “Creemos que el alto costo de la vida y el desabastecimiento se combaten de manera definitiva apoyando a nuestros productores para que incrementen la cantidad de alimentos y de bienes venezolanos”
En estos tiempos no hace falta ser economista para saber que la inflación es un fenómeno monetario y que el Estado a través de la creación excesiva de dinero es el único responsable de la inflación. Al parecer quien escribió esto pertenece a Un Nuevo Tiempo, pero no es un individuo de estos tiempos.
Existen otras expresiones anticapitalistas propias de quienes desprecian a la economía de mercado en el documento de UNT. No son más que repeticiones de ideas de personas que jamás han asumido un riesgo empresarial. No obstante, no vale la pena exponerlas todas. Con las ideas transcritas, se evidencia que un gobierno de UNT, si sigue esas ideas, estaría muy lejos de promover la iniciativa privada y de trabajar para consolidar una economía de mercado. Si bien el carácter democrático de UNT lo aleja del chavismo, sus ideas en materia económica recuerdan a las experiencias menos felices de la mal llamada IV República.
Javier Padrón Aguirre
miércoles, 14 de enero de 2009
lunes, 12 de enero de 2009
Las Expropiaciones y la Oposición
La expropiación es uno de los actos más violentos que realiza el Estado contra los ciudadanos. Lamentablemente, una persona que no ha sufrido en carne propia una expropiación no es capaz de comprender la sensación de indefensión y de ultraje que siente el propietario de un bien expropiado. Por ello, no existe conciencia alguna en nuestra sociedad sobre los peligros de esa institución.
En teoría, la expropiación se justifica porque se sacrifica el interés privado del propietario por el interés general de la sociedad. En la realidad, se extingue el legítimo derecho de propiedad de un ciudadano para ejecutar el proyecto unilateral de un determinado funcionario, el cual lo sufragará con los impuestos que han pagado todos los ciudadanos, incluyendo al propietario sacrificado.
Teóricamente, las expropiaciones sólo deben efectuarse por razones de utilidad pública. La verdad es que los funcionarios públicos pueden calificar como de utilidad pública prácticamente cualquier cosa y los tribunales jamás se atreverán a cuestionar esa calificación.
Las leyes señalan que el propietario del bien expropiado debe recibir una justa indemnización. En la práctica, si se niega a aceptar la exigua oferta que le haga inicialmente el Estado, el propietario deberá enfrentar un prolongadísimo juicio antes de cobrar la indemnización correspondiente, la cual no tendrá mucho de justa ya que será tardía y seguramente insuficiente ya que los funcionarios judiciales siempre trabajarán para rebajar la indemnización que debe recibir el “codicioso” propietario. Además, en la mayoría de los casos, el Estado se las ingeniará para tomar posesión del bien expropiado mucho antes de que termine el juicio de expropiación y de que se pague la insuficiente indemnización señalada por el tribunal.
En resumen, la expropiación no es más que el ejercicio desnudo y abusivo del monopolio institucional de la violencia por parte del Estado contra el legítimo propietario de un bien.
En una sociedad donde la libertad es el valor fundamental no es legítimo arrebatarle la propiedad de un bien a ciudadano alguno. Si un funcionario desea adquirir un bien privado con el dinero de los contribuyentes, lo correcto es que haga una oferta suficientemente atractiva a su propietario para convencerlo de que lo venda al Estado. Y no me vengan a decir que el propietario va a asumir una actitud irracional exigiendo un precio exorbitante que no puede ser asumido por el Estado. En primer lugar, porque eso es asumir la mala fe del propietario. En segundo lugar, porque por muy “codicioso” que les pueda parecer a algunos el propietario, el Estado siempre se las ingenia para encontrar recursos para ejecutar los proyectos más caprichosos del gobernante de turno. Al fin y al cabo, si se recurre a nuevos impuestos, al endeudamiento y a la inflación para complacer los caprichosos de ese gobernante ¿Por qué no se recurre a esos medios para pagar el precio exigido por el legítimo propietario de un bien?
Ahora bien, tenemos que admitir que es utópico que la institución de la expropiación sea eliminada de nuestro ordenamiento jurídico en el mediano plazo. No obstante, si podemos aspirar a que los gobernantes la usen con prudencia y discreción. Así, por ejemplo, sería deseable que las expropiaciones no se anuncien públicamente como si se tratara de sabias decisiones que deben ser aplaudidas por los ciudadanos. Asimismo, sólo se debería recurrir a la expropiación cuando se haya agotado total y absolutamente la posibilidad de una compraventa normal. Por último, sólo debería utilizarse la expropiación cuando exista un consenso entre los ciudadanos sobre la conveniencia del proyecto que el gobernante de turno desea ejecutar.
Evidentemente, sería tonto esperar que estas recomendaciones sean seguidas por funcionarios del PSUV. Al fin y al cabo son militantes de una revolución socialista que no tienen una especial deferencia por la propiedad privada. Nos puede desagradar su actitud, pero al menos son coherentes.
No obstante, si tenemos derecho a esperar que los gobernantes regionales y locales de la oposición sigan estas recomendaciones. Si son opositores deben tratar de diferenciarse del gobierno, sobre todo cuando se trata del respeto a derechos fundamentales como el derecho de propiedad. De otra forma, serán oposición pero jamás una alternativa de poder.
Recientemente leí que un funcionario recién electo de un partido de oposición anunció que expropiaría un terreno para construir una determinada obra para el beneficio colectivo. Debido a que asumió sus funciones en diciembre, es evidente que no hizo el mayor de los esfuerzos para adquirir amigablemente el terreno. Por otra parte, hizo un anuncio público, lo cual tiene ciertas semejanzas con los anuncios que hacen los funcionarios del PSUV. En conclusión, no mostró particular deferencia hacia el legítimo derecho del propietario del estacionamiento.
Es difícil abandonar viejos esquemas, pero si se quiere ser no sólo oposición sino también alternativa de gobierno más allá del corto plazo, vale la pena intentarlo.
Javier Padrón Aguirre
En teoría, la expropiación se justifica porque se sacrifica el interés privado del propietario por el interés general de la sociedad. En la realidad, se extingue el legítimo derecho de propiedad de un ciudadano para ejecutar el proyecto unilateral de un determinado funcionario, el cual lo sufragará con los impuestos que han pagado todos los ciudadanos, incluyendo al propietario sacrificado.
Teóricamente, las expropiaciones sólo deben efectuarse por razones de utilidad pública. La verdad es que los funcionarios públicos pueden calificar como de utilidad pública prácticamente cualquier cosa y los tribunales jamás se atreverán a cuestionar esa calificación.
Las leyes señalan que el propietario del bien expropiado debe recibir una justa indemnización. En la práctica, si se niega a aceptar la exigua oferta que le haga inicialmente el Estado, el propietario deberá enfrentar un prolongadísimo juicio antes de cobrar la indemnización correspondiente, la cual no tendrá mucho de justa ya que será tardía y seguramente insuficiente ya que los funcionarios judiciales siempre trabajarán para rebajar la indemnización que debe recibir el “codicioso” propietario. Además, en la mayoría de los casos, el Estado se las ingeniará para tomar posesión del bien expropiado mucho antes de que termine el juicio de expropiación y de que se pague la insuficiente indemnización señalada por el tribunal.
En resumen, la expropiación no es más que el ejercicio desnudo y abusivo del monopolio institucional de la violencia por parte del Estado contra el legítimo propietario de un bien.
En una sociedad donde la libertad es el valor fundamental no es legítimo arrebatarle la propiedad de un bien a ciudadano alguno. Si un funcionario desea adquirir un bien privado con el dinero de los contribuyentes, lo correcto es que haga una oferta suficientemente atractiva a su propietario para convencerlo de que lo venda al Estado. Y no me vengan a decir que el propietario va a asumir una actitud irracional exigiendo un precio exorbitante que no puede ser asumido por el Estado. En primer lugar, porque eso es asumir la mala fe del propietario. En segundo lugar, porque por muy “codicioso” que les pueda parecer a algunos el propietario, el Estado siempre se las ingenia para encontrar recursos para ejecutar los proyectos más caprichosos del gobernante de turno. Al fin y al cabo, si se recurre a nuevos impuestos, al endeudamiento y a la inflación para complacer los caprichosos de ese gobernante ¿Por qué no se recurre a esos medios para pagar el precio exigido por el legítimo propietario de un bien?
Ahora bien, tenemos que admitir que es utópico que la institución de la expropiación sea eliminada de nuestro ordenamiento jurídico en el mediano plazo. No obstante, si podemos aspirar a que los gobernantes la usen con prudencia y discreción. Así, por ejemplo, sería deseable que las expropiaciones no se anuncien públicamente como si se tratara de sabias decisiones que deben ser aplaudidas por los ciudadanos. Asimismo, sólo se debería recurrir a la expropiación cuando se haya agotado total y absolutamente la posibilidad de una compraventa normal. Por último, sólo debería utilizarse la expropiación cuando exista un consenso entre los ciudadanos sobre la conveniencia del proyecto que el gobernante de turno desea ejecutar.
Evidentemente, sería tonto esperar que estas recomendaciones sean seguidas por funcionarios del PSUV. Al fin y al cabo son militantes de una revolución socialista que no tienen una especial deferencia por la propiedad privada. Nos puede desagradar su actitud, pero al menos son coherentes.
No obstante, si tenemos derecho a esperar que los gobernantes regionales y locales de la oposición sigan estas recomendaciones. Si son opositores deben tratar de diferenciarse del gobierno, sobre todo cuando se trata del respeto a derechos fundamentales como el derecho de propiedad. De otra forma, serán oposición pero jamás una alternativa de poder.
Recientemente leí que un funcionario recién electo de un partido de oposición anunció que expropiaría un terreno para construir una determinada obra para el beneficio colectivo. Debido a que asumió sus funciones en diciembre, es evidente que no hizo el mayor de los esfuerzos para adquirir amigablemente el terreno. Por otra parte, hizo un anuncio público, lo cual tiene ciertas semejanzas con los anuncios que hacen los funcionarios del PSUV. En conclusión, no mostró particular deferencia hacia el legítimo derecho del propietario del estacionamiento.
Es difícil abandonar viejos esquemas, pero si se quiere ser no sólo oposición sino también alternativa de gobierno más allá del corto plazo, vale la pena intentarlo.
Javier Padrón Aguirre
viernes, 9 de enero de 2009
El Matrimonio Homosexual y los Liberales
Para muchas personas que se consideran liberales el matrimonio homosexual debe ser apoyado. En efecto, consideran que el rechazo al matrimonio homosexual es propio de personas conservadoras.
En mi criterio, esos amigos liberales están equivocados ya que una auténtica postura liberal debe conducir necesariamente al rechazo del matrimonio homosexual.
El matrimonio civil entre un hombre y una mujer constituye una intervención estatal en la esfera privada de las personas ya que se trata de una institución creada y diseñada por el Estado. Cuando un hombre y una mujer contraen matrimonio no están en libertad de determinar sus derechos y obligaciones ya que las mismas están predeterminadas por la ley, salvo la posibilidad de las capitulaciones. Si el matrimonio civil fuera una institución liberal, cada pareja heterosexual podría diseñar el contrato matrimonial que desease. Así, por ejemplo, una pareja podría establecer una obligación de convivir mientras que otra pareja podría omitir cualquier referencia a esa situación.
Si prevalecieran las ideas liberales o libertarias, el matrimonio civil sería un contrato abierto que cada pareja diseñaría según sus necesidades. Incluso, si fuéramos totalmente coherentes con el ideario libertario, el matrimonio civil no existiría. En efecto, el matrimonio sería una institución exclusivamente religiosa, como lo fue originalmente en muchos países, ajena totalmente a la intervención estatal.
Por ende, los liberales deben ver con desconfianza cualquier matrimonio civil, bien sea heterosexual u homosexual.
Ahora bien ¿Por qué el Estado crea la institución del matrimonio civil? No lo hace para exaltar el romanticismo de las parejas. No hay espacio para esas consideraciones sentimentales. El Estado creó el matrimonio civil porque consideró que era necesario dar una protección institucional a la familia, entendida como ese núcleo natural de hombre, mujer e hijos. Si no fuera por la crianza de los hijos, el matrimonio civil como institución legal no tendría razón de ser.
Así, llegamos al punto crítico. Si el matrimonio existe sólo por la crianza de los hijos ¿Qué sentido tiene un matrimonio homosexual que naturalmente no puede concebirlos? Evidentemente, ese tipo de matrimonio no tiene sentido alguno ya que el Estado no le interesa la simple protección de las parejas, bien sean heterosexuales u homosexuales.
Ante ello, los activistas homosexuales reclaman que una pareja homosexual que contrae matrimonio civil debe tener derecho a adoptar niños. De esa manera, el matrimonio homosexual adquiere sentido para el Estado porque tiene la potencialidad de constituir un núcleo familiar que se ocupe de la crianza de niños.
No obstante, semejante solución constituye una inadmisible intervención del Estado en la esfera privada. Naturalmente una pareja de dos hombres jamás podrán ser progenitores de un niño, al igual que una pareja de dos mujeres. Por ello, la solución propuesta hace que el Estado distorsione la realidad natural mediante una institución legal: la adopción, mediante la cual se logra que dos padres o dos madres sean los progenitores de un niño.
Es difícil concebir una solución liberal, es decir sin intervención del Estado, para el régimen de adopción. No obstante, mientras el Estado se encuentre a cargo de las adopciones, es necesario que la familia adoptante reproduzca la realidad natural de la familia que debió tener el niño abandonado. No es aceptable que mediante la intervención del Estado a través de la adopción se creen familias artificiales de dos hombres e hijos o dos mujeres e hijos. Si lo llevamos al absurdo, no faltará quien proponga una familia adoptante de dos padres y tres madres, por ejemplo. Si se acepta el uso de la ley para distorsionar la realidad natural, no habrá límites a la voluntad de un legislador arbitrario.
Los activistas homosexuales señalan que una pareja homosexual tiene el mismo derecho que una pareja heterosexual a adoptar un niño. Semejante argumento revela un desconocimiento absoluta de la institución de la adopción, la cual ha sido creada exclusivamente en interés del niño. Por ende, ni los heterosexuales ni los homosexuales tienen derecho a adoptar. Son los niños los que tienen derecho a tener una familia adoptiva que sustituya la familia natural que no pudieron tener.
Dejando a un lado el tema de la crianza de los niños y las adopciones, mientras existe un matrimonio civil para heterosexuales, sí debería existir una institución similar para las parejas homosexuales, las cuales son una realidad natural, tal como lo demuestra la historia. Por eso, hay quienes proponen la unión civil para las parejas homosexuales, la cual sería una institución muy similar al matrimonio pero que excluye totalmente la posibilidad de adoptar. Desde una perspectiva liberal, mientras exista el matrimonio civil para las parejas heterosexuales, la unión civil es la solución adecuada para las parejas homosexuales.
Javier Padrón Aguirre
En mi criterio, esos amigos liberales están equivocados ya que una auténtica postura liberal debe conducir necesariamente al rechazo del matrimonio homosexual.
El matrimonio civil entre un hombre y una mujer constituye una intervención estatal en la esfera privada de las personas ya que se trata de una institución creada y diseñada por el Estado. Cuando un hombre y una mujer contraen matrimonio no están en libertad de determinar sus derechos y obligaciones ya que las mismas están predeterminadas por la ley, salvo la posibilidad de las capitulaciones. Si el matrimonio civil fuera una institución liberal, cada pareja heterosexual podría diseñar el contrato matrimonial que desease. Así, por ejemplo, una pareja podría establecer una obligación de convivir mientras que otra pareja podría omitir cualquier referencia a esa situación.
Si prevalecieran las ideas liberales o libertarias, el matrimonio civil sería un contrato abierto que cada pareja diseñaría según sus necesidades. Incluso, si fuéramos totalmente coherentes con el ideario libertario, el matrimonio civil no existiría. En efecto, el matrimonio sería una institución exclusivamente religiosa, como lo fue originalmente en muchos países, ajena totalmente a la intervención estatal.
Por ende, los liberales deben ver con desconfianza cualquier matrimonio civil, bien sea heterosexual u homosexual.
Ahora bien ¿Por qué el Estado crea la institución del matrimonio civil? No lo hace para exaltar el romanticismo de las parejas. No hay espacio para esas consideraciones sentimentales. El Estado creó el matrimonio civil porque consideró que era necesario dar una protección institucional a la familia, entendida como ese núcleo natural de hombre, mujer e hijos. Si no fuera por la crianza de los hijos, el matrimonio civil como institución legal no tendría razón de ser.
Así, llegamos al punto crítico. Si el matrimonio existe sólo por la crianza de los hijos ¿Qué sentido tiene un matrimonio homosexual que naturalmente no puede concebirlos? Evidentemente, ese tipo de matrimonio no tiene sentido alguno ya que el Estado no le interesa la simple protección de las parejas, bien sean heterosexuales u homosexuales.
Ante ello, los activistas homosexuales reclaman que una pareja homosexual que contrae matrimonio civil debe tener derecho a adoptar niños. De esa manera, el matrimonio homosexual adquiere sentido para el Estado porque tiene la potencialidad de constituir un núcleo familiar que se ocupe de la crianza de niños.
No obstante, semejante solución constituye una inadmisible intervención del Estado en la esfera privada. Naturalmente una pareja de dos hombres jamás podrán ser progenitores de un niño, al igual que una pareja de dos mujeres. Por ello, la solución propuesta hace que el Estado distorsione la realidad natural mediante una institución legal: la adopción, mediante la cual se logra que dos padres o dos madres sean los progenitores de un niño.
Es difícil concebir una solución liberal, es decir sin intervención del Estado, para el régimen de adopción. No obstante, mientras el Estado se encuentre a cargo de las adopciones, es necesario que la familia adoptante reproduzca la realidad natural de la familia que debió tener el niño abandonado. No es aceptable que mediante la intervención del Estado a través de la adopción se creen familias artificiales de dos hombres e hijos o dos mujeres e hijos. Si lo llevamos al absurdo, no faltará quien proponga una familia adoptante de dos padres y tres madres, por ejemplo. Si se acepta el uso de la ley para distorsionar la realidad natural, no habrá límites a la voluntad de un legislador arbitrario.
Los activistas homosexuales señalan que una pareja homosexual tiene el mismo derecho que una pareja heterosexual a adoptar un niño. Semejante argumento revela un desconocimiento absoluta de la institución de la adopción, la cual ha sido creada exclusivamente en interés del niño. Por ende, ni los heterosexuales ni los homosexuales tienen derecho a adoptar. Son los niños los que tienen derecho a tener una familia adoptiva que sustituya la familia natural que no pudieron tener.
Dejando a un lado el tema de la crianza de los niños y las adopciones, mientras existe un matrimonio civil para heterosexuales, sí debería existir una institución similar para las parejas homosexuales, las cuales son una realidad natural, tal como lo demuestra la historia. Por eso, hay quienes proponen la unión civil para las parejas homosexuales, la cual sería una institución muy similar al matrimonio pero que excluye totalmente la posibilidad de adoptar. Desde una perspectiva liberal, mientras exista el matrimonio civil para las parejas heterosexuales, la unión civil es la solución adecuada para las parejas homosexuales.
Javier Padrón Aguirre
domingo, 28 de diciembre de 2008
La Democracia Participativa y la Educación: Una Estafa Ideológica
Hace algún tiempo, los límites de la intromisión del Estado en la vida de los ciudadanos y ciudadanas eran muy claros. El Gobierno y los funcionarios públicos no pretendían formar “a un tipo humano nacional de determinadas características, tal como luego pretendería hacer Luis Beltrán Prieto Figueroa, ni pretendían “configurar el orden social”. La educación que recibían los niños y niñas era el reflejo de los valores y creencias de sus padres y familiares, no el producto de las convicciones ideológicas del gobernante de turno y del partido dominante.
Con la excusa de combatir las desigualdades socioeconómicas, el Estado invadió aquellas esferas de la vida social que pertenecían exclusivamente a los ciudadanos y las ciudadanas. Así, el Estado diseñó un modelo de ciudadano, un modelo de familia, un modelo de empresario y decidió arrebatarnos nuestro dinero y nuestras riquezas a través de los impuestos, para hacer realidad su objetivo de producir en masa esos modelos. Ser un ciudadano diferente, una familia diferente, un empresario diferente, pasó a ser reprochable y censurable, tanto política como socialmente. Así, nos arrebataron el derecho de definir nuestra personalidad y nuestro destino. ¿La existencia precede a la esencia? Tal vez, pero no en el Estado Social y Burocrático de Derecho.
Luego de décadas de asfixiarnos, nos ofrecieron una compensación por semejante robo: la democracia participativa. El Estado, a cambio de todos aquellos ámbitos de nuestra vida privada que nos fueron arrebatados, nos ofrece la posibilidad de colaborar, como simples segundones, con los funcionarios públicos en la gestión de aquello que fue nuestro. En otras palabras, invaden nuestra casa y nos botan de ella, para luego gentilmente solicitar nuestra opinión acerca de qué color deben usar para pintarla e invitarnos a una parrilla una vez cada dos meses para corroborar que la pintaron del color del partido gobernante. Realmente, conmueve ver a nuestros ciudadanos y nuestras ciudadanas reclamar participación en las decisiones sobre la educación de sus hijos e hijas, cuando lo que debemos hacer es exigir es la devolución de lo que nos fue arrebatado.
¿Quién debe decidir qué valores se enseñan a nuestros niños y nuestras niñas? Sus padres y sus familias. ¿Quién debe decidir que asignaturas se les imparten? Las comunidades de cada plantel educativo, bien sea éste público o privado. ¿Quién debe decidir en qué se gasta el presupuesto de cada escuela? Los padres y las madres junto con los profesores y profesoras. Ya basta de mendigar exiguas cuotas de participación de carácter no vinculante en las decisiones de las autoridades educativas. Hay que romper con un modelo fracasado que nos considera menos capaces que un burócrata. Que el Estado les devuelva a los ciudadanos y ciudadanas lo que les ha arrebatado. Es hora de hacer justicia.
Javier Padrón Aguirre
Con la excusa de combatir las desigualdades socioeconómicas, el Estado invadió aquellas esferas de la vida social que pertenecían exclusivamente a los ciudadanos y las ciudadanas. Así, el Estado diseñó un modelo de ciudadano, un modelo de familia, un modelo de empresario y decidió arrebatarnos nuestro dinero y nuestras riquezas a través de los impuestos, para hacer realidad su objetivo de producir en masa esos modelos. Ser un ciudadano diferente, una familia diferente, un empresario diferente, pasó a ser reprochable y censurable, tanto política como socialmente. Así, nos arrebataron el derecho de definir nuestra personalidad y nuestro destino. ¿La existencia precede a la esencia? Tal vez, pero no en el Estado Social y Burocrático de Derecho.
Luego de décadas de asfixiarnos, nos ofrecieron una compensación por semejante robo: la democracia participativa. El Estado, a cambio de todos aquellos ámbitos de nuestra vida privada que nos fueron arrebatados, nos ofrece la posibilidad de colaborar, como simples segundones, con los funcionarios públicos en la gestión de aquello que fue nuestro. En otras palabras, invaden nuestra casa y nos botan de ella, para luego gentilmente solicitar nuestra opinión acerca de qué color deben usar para pintarla e invitarnos a una parrilla una vez cada dos meses para corroborar que la pintaron del color del partido gobernante. Realmente, conmueve ver a nuestros ciudadanos y nuestras ciudadanas reclamar participación en las decisiones sobre la educación de sus hijos e hijas, cuando lo que debemos hacer es exigir es la devolución de lo que nos fue arrebatado.
¿Quién debe decidir qué valores se enseñan a nuestros niños y nuestras niñas? Sus padres y sus familias. ¿Quién debe decidir que asignaturas se les imparten? Las comunidades de cada plantel educativo, bien sea éste público o privado. ¿Quién debe decidir en qué se gasta el presupuesto de cada escuela? Los padres y las madres junto con los profesores y profesoras. Ya basta de mendigar exiguas cuotas de participación de carácter no vinculante en las decisiones de las autoridades educativas. Hay que romper con un modelo fracasado que nos considera menos capaces que un burócrata. Que el Estado les devuelva a los ciudadanos y ciudadanas lo que les ha arrebatado. Es hora de hacer justicia.
Javier Padrón Aguirre
La Enmienda Constitucional: La Democracia contra el Estado de Derecho
Debo dejar claro que considero que la propuesta de enmienda constitucional viola la Constitución. No obstante, creo que el debate legal en este caso es subalterno ya que nos encontramos ante un problema político que ejemplifica, una vez más, como se ha está usando la Democracia para destruir el Estado de Derecho, tal como se hizo con la convocatoria a una Asamblea Constituyente para derogar la Constitución de 1961.
La noción de Estado de Derecho es esencialmente liberal y burguesa. Fueron los burgueses quienes para su propio beneficio les arrebataron la Libertad a los monarcas absolutos. Posteriormente, el disfrute de la Libertad fue extendido a toda la población. Por ello aunque le duela a muchos, el espíritu de la Libertad es y será esencialmente burgués.
En su concepción original, el Estado de Derecho comprende: (i) el principio de separación de poderes (ii) la existencia de derechos fundamentales que constituyen esferas inmunes a la actuación del Estado (iii) la existencia de un poder judicial autónomo e independiente que proteja esos derechos fundamentales (iv) el principio de separación entre Estado y Sociedad y (v) la alternabilidad y la despersonalización del poder.
El Estado Social y Democrático de Derecho consagrado en nuestra Constitución, reconoce y acepta el contenido del Estado Liberal-Burgués de Derecho, salvo el principio de la separación entre Estado y Sociedad ya que le otorga el Estado el rol de configurador o arquitecto de la Sociedad. Si ello es compatible con la Libertad es objeto de extensos debates, pero escapa de esta reflexión.
Ahora bien, lo que estamos viviendo con la propuesta de enmienda es un intento de destruir uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho: la alternabilidad y la despersonalización de poder. Sin embargo, ese intento trata de recurrir a una fuente de legitimidad que a los dirigentes de la oposición les cuesta mucho cuestionar: la Democracia, o en otras palabras, la posibilidad de que la mayoría la respalde a través de un referendo.
Los defensores de la propuesta de enmienda señalan que la posibilidad de reelegir sin limitaciones al Presidente de la República es una legítima expresión de la soberanía popular ya que es el voto del pueblo el que libremente decidirá si el Jefe del Estado permanece en el poder cada vez que se postule. Así, señalan que la prohibición de reelegir al Presidente de la República más de una vez es profundamente antidemocrática porque limita la voluntad del soberano.
Ante ese planteamiento, quienes defienden la Libertad deberían dar una respuesta contundente y señalar que esas limitaciones son efectivamente antidemocráticas, pero que son absolutamente legítimas porque son la expresión de un valor superior, el Estado de Derecho, el cual impone la alternabilidad y la despersonalización del poder como garantía de la Libertad.
No podemos seguir aceptando que se legitime cualquier decisión política en base al apoyo de la mayoría. Semejante proceder no haría más que legitimar cualquier atropello contra la Libertad. La mayoría no tiene derecho a (i) desconocer los derechos fundamentales de las personas que no se identifican con las decisiones de esa mayoría (ii) legitimar a un poder judicial dependiente y subordinado (iii) borrar cualquier límite entre Estado y Sociedad y convertir a los individuos en instrumentos del Estado (iv) i) concentrar el poder público en un solo funcionario o (v) perpetuar en el poder a ese funcionario. En otras palabras, la Democracia no puede ser usada para destruir el Estado de Derecho.
La mayoría de los políticos e intelectuales le atribuyen a la Democracia contenidos que le son extraños y que histórica y políticamente le pertenecen al Estado de Derecho. Lo hacen por sus perjuicios antiliberales y anti-burgueses. Lamentablemente, ese garrafal error intelectual los deja desarmados ante ataques contra la Libertad como la propuesta de enmienda.
Ojalá rectifiquen antes de que la Democracia destruya completamente el Estado de Derecho. En caso contrario, luego veremos con profunda tristeza como usarán el Estado Social para enterrar la Democracia. Cuando ello ocurra, reconocerán que la antigua Libertad de los burgueses es el valor superior de una sociedad civilizada, pero ese reconocimiento habrá llegado demasiado tarde.
Javier Padrón Aguirre
La noción de Estado de Derecho es esencialmente liberal y burguesa. Fueron los burgueses quienes para su propio beneficio les arrebataron la Libertad a los monarcas absolutos. Posteriormente, el disfrute de la Libertad fue extendido a toda la población. Por ello aunque le duela a muchos, el espíritu de la Libertad es y será esencialmente burgués.
En su concepción original, el Estado de Derecho comprende: (i) el principio de separación de poderes (ii) la existencia de derechos fundamentales que constituyen esferas inmunes a la actuación del Estado (iii) la existencia de un poder judicial autónomo e independiente que proteja esos derechos fundamentales (iv) el principio de separación entre Estado y Sociedad y (v) la alternabilidad y la despersonalización del poder.
El Estado Social y Democrático de Derecho consagrado en nuestra Constitución, reconoce y acepta el contenido del Estado Liberal-Burgués de Derecho, salvo el principio de la separación entre Estado y Sociedad ya que le otorga el Estado el rol de configurador o arquitecto de la Sociedad. Si ello es compatible con la Libertad es objeto de extensos debates, pero escapa de esta reflexión.
Ahora bien, lo que estamos viviendo con la propuesta de enmienda es un intento de destruir uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho: la alternabilidad y la despersonalización de poder. Sin embargo, ese intento trata de recurrir a una fuente de legitimidad que a los dirigentes de la oposición les cuesta mucho cuestionar: la Democracia, o en otras palabras, la posibilidad de que la mayoría la respalde a través de un referendo.
Los defensores de la propuesta de enmienda señalan que la posibilidad de reelegir sin limitaciones al Presidente de la República es una legítima expresión de la soberanía popular ya que es el voto del pueblo el que libremente decidirá si el Jefe del Estado permanece en el poder cada vez que se postule. Así, señalan que la prohibición de reelegir al Presidente de la República más de una vez es profundamente antidemocrática porque limita la voluntad del soberano.
Ante ese planteamiento, quienes defienden la Libertad deberían dar una respuesta contundente y señalar que esas limitaciones son efectivamente antidemocráticas, pero que son absolutamente legítimas porque son la expresión de un valor superior, el Estado de Derecho, el cual impone la alternabilidad y la despersonalización del poder como garantía de la Libertad.
No podemos seguir aceptando que se legitime cualquier decisión política en base al apoyo de la mayoría. Semejante proceder no haría más que legitimar cualquier atropello contra la Libertad. La mayoría no tiene derecho a (i) desconocer los derechos fundamentales de las personas que no se identifican con las decisiones de esa mayoría (ii) legitimar a un poder judicial dependiente y subordinado (iii) borrar cualquier límite entre Estado y Sociedad y convertir a los individuos en instrumentos del Estado (iv) i) concentrar el poder público en un solo funcionario o (v) perpetuar en el poder a ese funcionario. En otras palabras, la Democracia no puede ser usada para destruir el Estado de Derecho.
La mayoría de los políticos e intelectuales le atribuyen a la Democracia contenidos que le son extraños y que histórica y políticamente le pertenecen al Estado de Derecho. Lo hacen por sus perjuicios antiliberales y anti-burgueses. Lamentablemente, ese garrafal error intelectual los deja desarmados ante ataques contra la Libertad como la propuesta de enmienda.
Ojalá rectifiquen antes de que la Democracia destruya completamente el Estado de Derecho. En caso contrario, luego veremos con profunda tristeza como usarán el Estado Social para enterrar la Democracia. Cuando ello ocurra, reconocerán que la antigua Libertad de los burgueses es el valor superior de una sociedad civilizada, pero ese reconocimiento habrá llegado demasiado tarde.
Javier Padrón Aguirre
Estado Social y Democrático de Derecho: Un compromiso traicionado
En el Estado Social y Democrático de Derecho coexisten tres principios. En primer lugar, el Estado de Derecho cuya idea fundamental es la limitación del poder del Estado a través de la Constitución y las leyes; la existencia de un conjunto de derechos fundamentales que sirven como límites de la actuación del Estado; la garantía judicial efectiva de esos derechos fundamentales; la separación de poderes; así como la alternabilidad y la despersonalización del Poder Público.
En segundo lugar, tenemos el Principio Democrático, el cual implica que las autoridades más importantes del Estado deben ser elegidas por sufragio universal, directo y secreto y que las controversias más relevantes para la vida social deben ser resueltas mediante ese tipo de sufragio.
Por último, tenemos el Estado Social que exige que el Estado intervenga en la vida social para efectuar las modificaciones necesarias para garantizar a los ciudadanos un nivel de bienestar básico y para promover la igualdad social; en otras palabras, hablamos de los derechos económicos y sociales y la procura existencial.
Históricamente, el Estado de Derecho es el primero de los principios. En efecto, con motivo de las Revoluciones Inglesa, Americana y Francesa se adoptó el modelo del Estado de Derecho, en el cual había una separación tajante entre Estado y Sociedad que impedía cualquier intervención estatal para modificar la realidad social y en el cual el sufragio estaba restringido a un grupo limitado de varones, propietarios con cierto grado de instrucción. Posteriormente, el sufragio se fue extendiendo a otros grupos de ciudadanos con lo cual presenciamos la introducción del Principio Democrático. Finalmente, como una forma de responder a la presión de los grupos socialistas o socialdemócratas, el Estado comenzó a asumir responsabilidad de carácter social para con los ciudadanos, con lo cual se introdujo el Principio del Estado Social.
El Estado Social y Democrático de Derecho es una fórmula transaccional para garantizar la coexistencia pacífica entre aquellos que consideran que la limitación del Poder del Estado debe ser el fin fundamental del ordenamiento jurídico (los liberales o libertarios no anarquistas), quienes consideran que la mayoría puede legitimar cualquier decisión política (los demócratas radicales) y quienes consideran que el Estado debe poseer amplios poderes para garantizar el bienestar social y promover la igualdad de oportunidades y de resultados (los socialistas o socialdemócratas). Evidentemente, estos tres principios pueden entrar en contradicción en cualquier momento ya que para los demócratas radicales y para los socialistas y socialdemócratas, los principios fundamentales del Estado de Derecho son un obstáculo para el pleno ejercicio de la soberanía popular o para alcanzar la igualdad social mediante el uso de los poderes del Estado.
De esa forma, hemos visto como uno u otro principio ha prevalecido durante diversas fases de la historia de la postguerra en Europa Occidental. Así, una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, el triunfo electoral de partidos laboristas, socialistas, socialdemócratas y socialcristianos conllevó el inicio de una intensa etapa de nacionalizaciones, incremento de los impuestos sobre la renta y el capital e intervencionismo estatal. En efecto, creyeron que podían construir el socialismo mediante métodos democráticos, siguiendo el ejemplo que los Estados Unidos había iniciado con el New Deal durante la administración de Franklin Roosevelt.
No obstante, después de casi cuatro décadas de socialismo democrático, la dura realidad tocó a las puertas de los gobernantes y los ciudadanos. El socialismo democrático, las nacionalizaciones, los altos impuestos y el intervencionismo gubernamental habían quebrado a los Estados. El socialismo democrático había fracasado y la amenaza soviética crecía cada día más. Ante ello, el mundo occidental recurrió a su fuente original: el Estado de Derecho, la libertad individual y la iniciativa empresarial. Se aflojaron los controles gubernamentales, se disminuyeron los impuestos y se desreguló un poco la economía. Y ocurrió el milagro ya que ese pequeño respiro bastó para que las economías nacionales volvieran a crecer y para que la amenaza soviética se desvaneciera como producto de la competencia de la reserva más poderosa del mundo occidental: el Estado de Derecho, la libertad individual y la iniciativa empresarial.
No obstante, el Estado Social no murió. En efecto, sigue vivo extrayendo altos impuestos de la sociedad y pretendiendo devolvérselos a los ciudadanos mediante un sistema de bienestar social que progresivamente se hace inviable. Nadie tiene la valentía de señalar que esos sistemas de bienestar son insostenibles y que le arrebatan a la sociedad mucho más de lo que le devuelven. Por si ello fuera poco, los demócratas radicales, los socialistas y los socialdemócratas han vuelto a nutrir su discurso político de diatribas contra el Estado de Derecho y contra sus defensores, los cuales son calificados como fascistas, conservadores, derechistas y cualquier otro epíteto lleno de connotaciones negativas. Atrás quedaron los líderes socialistas y socialdemócratas que asumieron la realidad y que trataron de dar un nuevo rostro a la centroizquierda europea. No hay nuevos Tony Blair, sino socialistas obstinados y melancólicos que cuando no pueden dar marcha atrás a las reformas liberales, compensan sus complejos alabando o apoyando a caudillos izquierdistas del Tercer Mundo. No es el tiempo de Felipe González, sino de Rodríguez Zapatero.
Así, vemos como los demócratas radicales, los socialistas y los socialdemócratas no se conforman con la fórmula transaccional del Estado Social y Democrático de Derecho. No les bastó quebrar a sus Estados y casi sucumbir ante la amenaza soviética. Ahora quieren una nueva oportunidad para llevar a feliz término su proyecto de sepultar el Estado de Derecho, la libertad individual y la iniciativa empresarial. Nuevamente nos ofrecen una utopía socialista, la cual maquillan con ambientalismo, multiculturalismo y otras variedades ideológicas producto del odio hacia el capitalismo.
Desgraciadamente para ellos, ayer como hoy, las amenazas externas son demasiado importantes como para profundizar su proyecto y abandonar la tutela americana. Ayer tenían que acudir a los Estados Unidos para evitar que las tropas soviéticas almorzaran en Lisboa. Hoy tienen que recurrir a los americanos ante la amenaza del islamismo radical. Es curioso que los más encarnizados enemigos de la libertad, es decir los islamistas radicales, sean quienes impidan que Europa se suicide de la mano de los apóstoles del Estado Social.No obstante, tarde o temprano, los apóstoles del Estado Social triunfarán y quebrarán nuevamente a sus Estados y nuevamente le darán un pequeño espacio al Estado de Derecho, la libertad individual y la iniciativa empresarial para que rescate a esas economías moribundas.
Ante ello nos preguntamos ¿Hasta cuándo habrá que soportar este círculo vicioso? ¿Hasta cuándo los demócratas radicales, los socialistas y los socialdemócratas seguirán rompiendo el compromiso transaccional del Estado Social y Democrático de Derecho? Quizás sea tiempo de dejarlos asumir las consecuencias de sus errores en solitario amparados en sus cacareadas mayorías electorales. Quizás los auténticos defensores de la libertad deben negarse a colaborar en los gobiernos de quienes ni siquiera tienen la decencia de cumplir con las soluciones de compromiso. Quizás los auténticos defensores de la libertad sólo deban volver a gobernar cuando posean un claro mandato popular, fuera de la traicionada fórmula transaccional del Estado Social y Democrático de Derecho.
Los auténticos defensores de la libertad no pueden seguir haciendo el papel de tontos útiles de políticos resentidos, demagogos, irresponsables y traicioneros. Ya basta de ser el chivo expiatorio de su fracaso y su mediocridad.
Javier Padrón Aguirre
En segundo lugar, tenemos el Principio Democrático, el cual implica que las autoridades más importantes del Estado deben ser elegidas por sufragio universal, directo y secreto y que las controversias más relevantes para la vida social deben ser resueltas mediante ese tipo de sufragio.
Por último, tenemos el Estado Social que exige que el Estado intervenga en la vida social para efectuar las modificaciones necesarias para garantizar a los ciudadanos un nivel de bienestar básico y para promover la igualdad social; en otras palabras, hablamos de los derechos económicos y sociales y la procura existencial.
Históricamente, el Estado de Derecho es el primero de los principios. En efecto, con motivo de las Revoluciones Inglesa, Americana y Francesa se adoptó el modelo del Estado de Derecho, en el cual había una separación tajante entre Estado y Sociedad que impedía cualquier intervención estatal para modificar la realidad social y en el cual el sufragio estaba restringido a un grupo limitado de varones, propietarios con cierto grado de instrucción. Posteriormente, el sufragio se fue extendiendo a otros grupos de ciudadanos con lo cual presenciamos la introducción del Principio Democrático. Finalmente, como una forma de responder a la presión de los grupos socialistas o socialdemócratas, el Estado comenzó a asumir responsabilidad de carácter social para con los ciudadanos, con lo cual se introdujo el Principio del Estado Social.
El Estado Social y Democrático de Derecho es una fórmula transaccional para garantizar la coexistencia pacífica entre aquellos que consideran que la limitación del Poder del Estado debe ser el fin fundamental del ordenamiento jurídico (los liberales o libertarios no anarquistas), quienes consideran que la mayoría puede legitimar cualquier decisión política (los demócratas radicales) y quienes consideran que el Estado debe poseer amplios poderes para garantizar el bienestar social y promover la igualdad de oportunidades y de resultados (los socialistas o socialdemócratas). Evidentemente, estos tres principios pueden entrar en contradicción en cualquier momento ya que para los demócratas radicales y para los socialistas y socialdemócratas, los principios fundamentales del Estado de Derecho son un obstáculo para el pleno ejercicio de la soberanía popular o para alcanzar la igualdad social mediante el uso de los poderes del Estado.
De esa forma, hemos visto como uno u otro principio ha prevalecido durante diversas fases de la historia de la postguerra en Europa Occidental. Así, una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, el triunfo electoral de partidos laboristas, socialistas, socialdemócratas y socialcristianos conllevó el inicio de una intensa etapa de nacionalizaciones, incremento de los impuestos sobre la renta y el capital e intervencionismo estatal. En efecto, creyeron que podían construir el socialismo mediante métodos democráticos, siguiendo el ejemplo que los Estados Unidos había iniciado con el New Deal durante la administración de Franklin Roosevelt.
No obstante, después de casi cuatro décadas de socialismo democrático, la dura realidad tocó a las puertas de los gobernantes y los ciudadanos. El socialismo democrático, las nacionalizaciones, los altos impuestos y el intervencionismo gubernamental habían quebrado a los Estados. El socialismo democrático había fracasado y la amenaza soviética crecía cada día más. Ante ello, el mundo occidental recurrió a su fuente original: el Estado de Derecho, la libertad individual y la iniciativa empresarial. Se aflojaron los controles gubernamentales, se disminuyeron los impuestos y se desreguló un poco la economía. Y ocurrió el milagro ya que ese pequeño respiro bastó para que las economías nacionales volvieran a crecer y para que la amenaza soviética se desvaneciera como producto de la competencia de la reserva más poderosa del mundo occidental: el Estado de Derecho, la libertad individual y la iniciativa empresarial.
No obstante, el Estado Social no murió. En efecto, sigue vivo extrayendo altos impuestos de la sociedad y pretendiendo devolvérselos a los ciudadanos mediante un sistema de bienestar social que progresivamente se hace inviable. Nadie tiene la valentía de señalar que esos sistemas de bienestar son insostenibles y que le arrebatan a la sociedad mucho más de lo que le devuelven. Por si ello fuera poco, los demócratas radicales, los socialistas y los socialdemócratas han vuelto a nutrir su discurso político de diatribas contra el Estado de Derecho y contra sus defensores, los cuales son calificados como fascistas, conservadores, derechistas y cualquier otro epíteto lleno de connotaciones negativas. Atrás quedaron los líderes socialistas y socialdemócratas que asumieron la realidad y que trataron de dar un nuevo rostro a la centroizquierda europea. No hay nuevos Tony Blair, sino socialistas obstinados y melancólicos que cuando no pueden dar marcha atrás a las reformas liberales, compensan sus complejos alabando o apoyando a caudillos izquierdistas del Tercer Mundo. No es el tiempo de Felipe González, sino de Rodríguez Zapatero.
Así, vemos como los demócratas radicales, los socialistas y los socialdemócratas no se conforman con la fórmula transaccional del Estado Social y Democrático de Derecho. No les bastó quebrar a sus Estados y casi sucumbir ante la amenaza soviética. Ahora quieren una nueva oportunidad para llevar a feliz término su proyecto de sepultar el Estado de Derecho, la libertad individual y la iniciativa empresarial. Nuevamente nos ofrecen una utopía socialista, la cual maquillan con ambientalismo, multiculturalismo y otras variedades ideológicas producto del odio hacia el capitalismo.
Desgraciadamente para ellos, ayer como hoy, las amenazas externas son demasiado importantes como para profundizar su proyecto y abandonar la tutela americana. Ayer tenían que acudir a los Estados Unidos para evitar que las tropas soviéticas almorzaran en Lisboa. Hoy tienen que recurrir a los americanos ante la amenaza del islamismo radical. Es curioso que los más encarnizados enemigos de la libertad, es decir los islamistas radicales, sean quienes impidan que Europa se suicide de la mano de los apóstoles del Estado Social.No obstante, tarde o temprano, los apóstoles del Estado Social triunfarán y quebrarán nuevamente a sus Estados y nuevamente le darán un pequeño espacio al Estado de Derecho, la libertad individual y la iniciativa empresarial para que rescate a esas economías moribundas.
Ante ello nos preguntamos ¿Hasta cuándo habrá que soportar este círculo vicioso? ¿Hasta cuándo los demócratas radicales, los socialistas y los socialdemócratas seguirán rompiendo el compromiso transaccional del Estado Social y Democrático de Derecho? Quizás sea tiempo de dejarlos asumir las consecuencias de sus errores en solitario amparados en sus cacareadas mayorías electorales. Quizás los auténticos defensores de la libertad deben negarse a colaborar en los gobiernos de quienes ni siquiera tienen la decencia de cumplir con las soluciones de compromiso. Quizás los auténticos defensores de la libertad sólo deban volver a gobernar cuando posean un claro mandato popular, fuera de la traicionada fórmula transaccional del Estado Social y Democrático de Derecho.
Los auténticos defensores de la libertad no pueden seguir haciendo el papel de tontos útiles de políticos resentidos, demagogos, irresponsables y traicioneros. Ya basta de ser el chivo expiatorio de su fracaso y su mediocridad.
Javier Padrón Aguirre
La Democracia Social ¡Viva Jaime Lusinchi!
“Porque Jaime nos conduce a un tiempo nuevo, hacia una democracia social”. Así rezaba una de las canciones que animaba a los partidarios del candidato Jaime Lusinchi en la campaña presidencial de 1983.
He oído con una sonrisa en los labios la propuesta de Manuel Rosales y Leopoldo López, líderes de Un Nuevo Tiempo, de responder al Socialismo del Siglo XXI con la tesis de la Democracia Social. Quizás a Jaime Lusinchi le sorprenda un poco que lo reivindique Manuel Rosales, quien era el jefe de los seguidores de Carlos Andrés Pérez en el Estado Zulia en las durísimas pugnas internas de Acción Democrática en la década de los ochenta entre lusinchistas y carlosandrecistas; pero seguramente no saldrá de su asombro ante la reivindicación de su propuesta política que hace Leopoldo López, un político de las “nuevas generaciones”.
La expresión Democracia Social no es más que una transposición de la expresión Socialdemocracia. No voy a hacer una extensa referencia histórica sobre lo que es la Socialdemocracia, pero todos sabemos que esa corriente de pensamiento representa el llamado socialismo democrático y que es la expresión más representativa del espacio político llamado centroizquierda. En Venezuela, la Socialdemocracia fue la corriente de pensamiento político dominante desde la caída de Pérez Jiménez a través de Acción Democrática, el cual llegó a ser el partido socialdemócrata con más militantes en el mundo. Así, tanto la Constitución de 1947 como la Constitución de 1961 se basan en el modelo socialdemócrata de organización del Estado y de la Sociedad. Es más, fue tan fuerte la huella de la Socialdemocracia en Venezuela que la Constitución de 1999, salvo los elementos de la prolongación del período presidencial y la reelección del Jefe del Estado, debe calificarse como una constitución de tinte claramente socialdemócrata.
Ahora bien ¿En qué consiste la Socialdemocracia? La Socialdemocracia considera que el Estado debe ser el arquitecto del orden social y considera que mediante la utilización de las técnicas de intervención administrativa en el ámbito económico, lo cual incluye estatizaciones de empresas, altos impuestos y severas limitaciones y restricciones a la iniciativa empresarial, se puede generar una situación de bienestar general y disminución progresiva de las desigualdades económicas. Asimismo, la Socialdemocracia dice reivindicar las libertades fundamentales y defiende el sufragio universal, directo y secreto como método de solución de controversias políticas.
Podríamos invertir meses y años haciendo un balance de la Socialdemocracia en el mundo, pero es mejor limitarnos a Venezuela. En nuestro país el veredicto fue claro: un fracaso absoluto. ¿Por qué lo digo? No porque yo lo crea así, sino porque el pueblo venezolano decidió libremente en 1998 darle una patada en el trasero a la Constitución de 1961 y a Acción Democrática y entregarle el poder a un candidato cuya principal bandera era la sustitución del modelo que había funcionado durante 40 años.
Ante esa realidad, nos preguntamos ¿La Democracia Social de Rosales y López es la misma Socialdemocracia adeca? Si usted se los pregunta, la respuesta será negativa porque no son suicidas, pero más allá de la respuesta políticamente correcta es necesario indagar si Rosales y López son socialdemócratas o no. Por sus declaraciones no tengo duda alguna: sí lo son. Por ello, me pregunto ¿Qué tiene de diferente su propuesta política con respecto la propuesta de Acción Democrática? Personalmente creo que no existe diferencia alguna. Quizás Leopoldo López, debido a su juventud que es fuente tanto de energía como de ceguera, piense que él puede triunfar donde fracasaron los adecos. Quizás piense que él puede lograr lo que no lograron Betancourt, Gallegos, Leoni, Barrios, Carlos Andrés y Lusinchi. Quizás piense que los adecos eran un grupo de políticos corruptos y sin formación en contraste con el grupo de sujetos honestos y brillantes que le acompañarán en la nueva fase socialdemócrata de la historia venezolana.
Por otra parte, estoy convencido que Manuel Rosales sí está claro. Rosales fue, es y será adeco, es decir socialdemócrata. El Gobernador del Zulia cree que los cuarenta años de la llamada IV República han sido el período más brillante de nuestra historia republicana. Por ello, la propuesta de la Democracia Social no es más que la reivindicación de su historia personal como dirigente político.
Al parecer, la propuesta de la Democracia Social gana terreno. Le gusta a los estudiantes, la defiende el Padre Ugalde, la apoya Podemos, el General Baduel y por supuesto los adecos, quienes, aunque disminuidos, siguen vivos. Así, la Democracia Social parece ser una propuesta alrededor de la cual se puede construir un nuevo consenso en Venezuela. ¡Que originales! Le propongo al Padre Ugalde que la UCAB reedite “Venezuela Política y Petróleo”, el Plan de Barranquilla, las tesis del PDN y el programa de gobierno de Rafael Rosales Peña para la Gobernación de Barinas y que la Coral de la UCAB entone “¿Con quién estás tú compañero?” en la próxima graduación de economistas.
¡Tanto nadar para morir en la orilla!. Ahora resulta que todos somos adecos y que la única alternativa ideológica a la socialdemocracia es el socialismo totalitario de Chávez. Siempre preferí a los adecos antes que a cualquier militar o comunista y ahora resulta que todos los que han criticado el pasado, desde la derecha o desde la izquierda, no hacen más que invitarnos a intentar nuevamente una propuesta ideológica que el pueblo, con o sin razón, rechazó finalmente.
Esos líderes de las “nuevas generaciones” que no han sido capaces de construir un partido que se acerque a lo que era la seccional de Acción Democrática en Carúpano, tuvieron que terminar siendo acogidos por los adecos de Un Nuevo Tiempo y creen que pueden señalar el rumbo ideológico de un país. Al menos espero que tengan el valor de reconocer que las canciones de la campaña de Jaime Lusinchi no sólo eran pegajosas, sino que resumen, en su totalidad, la densidad de ese “original” pensamiento político que han “desarrollado” luego de arduas horas de estudio en universidades americanas y venezolanas. No se preocupen, conservo varias grabaciones de las canciones para que estimulen su reflexión intelectual.
¡Más vale malo conocido que bueno por conocer! ¡Ramos Allup Presidente, Carajo!
Javier Padrón Aguirre
He oído con una sonrisa en los labios la propuesta de Manuel Rosales y Leopoldo López, líderes de Un Nuevo Tiempo, de responder al Socialismo del Siglo XXI con la tesis de la Democracia Social. Quizás a Jaime Lusinchi le sorprenda un poco que lo reivindique Manuel Rosales, quien era el jefe de los seguidores de Carlos Andrés Pérez en el Estado Zulia en las durísimas pugnas internas de Acción Democrática en la década de los ochenta entre lusinchistas y carlosandrecistas; pero seguramente no saldrá de su asombro ante la reivindicación de su propuesta política que hace Leopoldo López, un político de las “nuevas generaciones”.
La expresión Democracia Social no es más que una transposición de la expresión Socialdemocracia. No voy a hacer una extensa referencia histórica sobre lo que es la Socialdemocracia, pero todos sabemos que esa corriente de pensamiento representa el llamado socialismo democrático y que es la expresión más representativa del espacio político llamado centroizquierda. En Venezuela, la Socialdemocracia fue la corriente de pensamiento político dominante desde la caída de Pérez Jiménez a través de Acción Democrática, el cual llegó a ser el partido socialdemócrata con más militantes en el mundo. Así, tanto la Constitución de 1947 como la Constitución de 1961 se basan en el modelo socialdemócrata de organización del Estado y de la Sociedad. Es más, fue tan fuerte la huella de la Socialdemocracia en Venezuela que la Constitución de 1999, salvo los elementos de la prolongación del período presidencial y la reelección del Jefe del Estado, debe calificarse como una constitución de tinte claramente socialdemócrata.
Ahora bien ¿En qué consiste la Socialdemocracia? La Socialdemocracia considera que el Estado debe ser el arquitecto del orden social y considera que mediante la utilización de las técnicas de intervención administrativa en el ámbito económico, lo cual incluye estatizaciones de empresas, altos impuestos y severas limitaciones y restricciones a la iniciativa empresarial, se puede generar una situación de bienestar general y disminución progresiva de las desigualdades económicas. Asimismo, la Socialdemocracia dice reivindicar las libertades fundamentales y defiende el sufragio universal, directo y secreto como método de solución de controversias políticas.
Podríamos invertir meses y años haciendo un balance de la Socialdemocracia en el mundo, pero es mejor limitarnos a Venezuela. En nuestro país el veredicto fue claro: un fracaso absoluto. ¿Por qué lo digo? No porque yo lo crea así, sino porque el pueblo venezolano decidió libremente en 1998 darle una patada en el trasero a la Constitución de 1961 y a Acción Democrática y entregarle el poder a un candidato cuya principal bandera era la sustitución del modelo que había funcionado durante 40 años.
Ante esa realidad, nos preguntamos ¿La Democracia Social de Rosales y López es la misma Socialdemocracia adeca? Si usted se los pregunta, la respuesta será negativa porque no son suicidas, pero más allá de la respuesta políticamente correcta es necesario indagar si Rosales y López son socialdemócratas o no. Por sus declaraciones no tengo duda alguna: sí lo son. Por ello, me pregunto ¿Qué tiene de diferente su propuesta política con respecto la propuesta de Acción Democrática? Personalmente creo que no existe diferencia alguna. Quizás Leopoldo López, debido a su juventud que es fuente tanto de energía como de ceguera, piense que él puede triunfar donde fracasaron los adecos. Quizás piense que él puede lograr lo que no lograron Betancourt, Gallegos, Leoni, Barrios, Carlos Andrés y Lusinchi. Quizás piense que los adecos eran un grupo de políticos corruptos y sin formación en contraste con el grupo de sujetos honestos y brillantes que le acompañarán en la nueva fase socialdemócrata de la historia venezolana.
Por otra parte, estoy convencido que Manuel Rosales sí está claro. Rosales fue, es y será adeco, es decir socialdemócrata. El Gobernador del Zulia cree que los cuarenta años de la llamada IV República han sido el período más brillante de nuestra historia republicana. Por ello, la propuesta de la Democracia Social no es más que la reivindicación de su historia personal como dirigente político.
Al parecer, la propuesta de la Democracia Social gana terreno. Le gusta a los estudiantes, la defiende el Padre Ugalde, la apoya Podemos, el General Baduel y por supuesto los adecos, quienes, aunque disminuidos, siguen vivos. Así, la Democracia Social parece ser una propuesta alrededor de la cual se puede construir un nuevo consenso en Venezuela. ¡Que originales! Le propongo al Padre Ugalde que la UCAB reedite “Venezuela Política y Petróleo”, el Plan de Barranquilla, las tesis del PDN y el programa de gobierno de Rafael Rosales Peña para la Gobernación de Barinas y que la Coral de la UCAB entone “¿Con quién estás tú compañero?” en la próxima graduación de economistas.
¡Tanto nadar para morir en la orilla!. Ahora resulta que todos somos adecos y que la única alternativa ideológica a la socialdemocracia es el socialismo totalitario de Chávez. Siempre preferí a los adecos antes que a cualquier militar o comunista y ahora resulta que todos los que han criticado el pasado, desde la derecha o desde la izquierda, no hacen más que invitarnos a intentar nuevamente una propuesta ideológica que el pueblo, con o sin razón, rechazó finalmente.
Esos líderes de las “nuevas generaciones” que no han sido capaces de construir un partido que se acerque a lo que era la seccional de Acción Democrática en Carúpano, tuvieron que terminar siendo acogidos por los adecos de Un Nuevo Tiempo y creen que pueden señalar el rumbo ideológico de un país. Al menos espero que tengan el valor de reconocer que las canciones de la campaña de Jaime Lusinchi no sólo eran pegajosas, sino que resumen, en su totalidad, la densidad de ese “original” pensamiento político que han “desarrollado” luego de arduas horas de estudio en universidades americanas y venezolanas. No se preocupen, conservo varias grabaciones de las canciones para que estimulen su reflexión intelectual.
¡Más vale malo conocido que bueno por conocer! ¡Ramos Allup Presidente, Carajo!
Javier Padrón Aguirre
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